La Corte Penal Internacional conminó a su Fiscal y a las autoridades de Venezuela a dejar a un lado el “secretismo” con respecto a los procedimientos de la fase de investigaciones preliminares sobre si se produjeron crímenes de lesa humanidad en ese país suramericano a partir de 2017.
La decisión, tomada el pasado 2 de julio por los jueces Péter Kovács, Reine Alapini-Gansou y María del Socorro Flores, de la Cámara I de Prejuicio de la Corte Penal, también da un plazo perentorio a las partes involucradas para presentar “versiones redactadas públicas” del caso antes del 23 de julio.
Los jueces dicen estar de acuerdo con el argumento del Fiscal de la Corte Penal Internacional de que los procedimientos de la fase de investigaciones preliminares del caso venezolano sean de conocimiento público “para minimizar potenciales malentendidos” entre la institución, las autoridades del país suramericano y las víctimas, y prevenir “cualquier retraso innecesario”.
La Cámara reitera que la información sobre el expediente venezolano “no necesita ser tratado como confidencial”. La decisión de la Corte Penal Internacional de pasar o no a fase de juicio las denuncias de crímenes de lesa humanidad contra funcionarios venezolanos quedó en el aire en junio al culminar el período de funciones de la fiscal jefa Fatou Bensouda.
Horas antes de entregar de su cargo, Betsouda anunció que su decisión sobre el avance o no del caso venezolano a fase de juicio ya estaba tomada, pero que no la hacía pública por la solicitud del fiscal Saab de aplicar el recurso de “control judicial” de la Sala de Asuntos Preliminares. Los jueces de la Cámara I de Prejuicio critican que la exfiscal haya guardado silencio sobre su decisión.
“Esa información no se hizo pública o ni siquiera fue transmitida a Venezuela. A juicio de la Cámara, tal curso es incompatible con el deber de la Fiscalía de mantener un diálogo significativo con Venezuela, en línea con el principio de complementariedad. Esta actitud solo contribuye a mantener el ‘secretismo’ de los procedimientos, un asunto que tanto Venezuela como las víctimas han criticado permanentemente”, opinaron los jueces.
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La Cámara dice coincidir con la Fiscalía de la CPI, hoy presidida por el británico Karim Khan, en que “es conveniente poner un límite de tiempo” a las autoridades venezolanas, específicamente al fiscal general Tarek William Saab, para finiquitar los procedimientos que introdujo o solicitó ante la Corte.
“Según esto, Venezuela es invitada a introducir versiones redactadas públicas de tal material para el 21 de julio de 2021. La Fiscalía es ordenada a introducir versiones redactadas públicas para el 23 de julio”, indica el fallo.
Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, interpretó la orden de la Cámara como el establecimiento de una “fecha tope”, el 23 de julio, para que el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional haga pública su decisión sobre la admisibilidad de la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Especialmente importante es el [escrito] que consignó la Fiscalía el 15 de junio de 2021, que versa sobre la admisibilidad” del expediente, escribió el experto en derecho en su cuenta de Twitter.
La decisión del viernes reveló además que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI rechazó el 14 de junio la solicitud venezolana de control judicial sobre la evaluación preliminar por considerarla “prematura” y opinar que las normas invocadas en la petición del fiscal Saab no aportan “bases legales apropiadas”.
En esa audiencia, precisa la Cámara, se observó que los documentos introducidos por las partes estaban clasificados como confidenciales y optó, entonces, por solicitarles las “versiones redactadas públicas” de esos oficios.
Finalmente, los tres jueces de la Cámara I de Prejuicio advierten que las respuestas de la Fiscalía de la Corte Penal a solicitudes de Venezuela y de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas es contraproducente para el caso.
“La Cámara no considera que la introducción de solicitudes en respuestas a una moción específica conduzca a la administración eficiente de justicia y le pide a la Fiscalía que descontinúe esta práctica”, culminan los magistrados.
El fiscal venezolano Saab reprochó públicamente el presunto trato “discriminatorio” y “desigual” de parte de la Fiscalía de la Corte Penal. También, anunció la entrega de no menos de 10 informes a ese despacho que evidenciarían “sanciones ejemplares” por violaciones de derechos humanos.
Organizaciones venezolanas, como Acceso a la Justicia, denunciaron que los recursos de Saab eran una estrategia para ganar tiempo ante la CPI. Se da por sentado que, luego de las consideraciones del viernes pasado de la Cámara, el nuevo fiscal jefe de la Corte Penal tiene luz verde para anunciar su decisión.
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