Un informe divulgado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) refleja la ofensiva que han desatado los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela contra la prensa independiente, que, entre otras cosas, ha resultado en el cierre de 180 radioemisoras desde 2009.
Esta ofensiva “cada vez más intensa”, dice el reporte publicado el miércoles, “forma parte de una campaña más amplia para reprimir la disidencia política y el activismo a favor de los derechos humanos”.
El CPJ afirma que “ha documentado la adopción de un cúmulo de medidas restrictivas, al igual que la detención y el acoso de periodistas, que han provocado el debilitamiento y el deterioro de los medios venezolanos”.
La ofensiva contra los medios, dice el informe, comenzó en agosto de 2009, cuando el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez “suspendió la licencia de 32 radioemisoras en un solo día, con lo cual desencadenó una ola de cierres durante el próximo decenio por medio de la censura abierta y otros factores”.
El CPJ hace referencia datos recopilados por la organización venezolana defensora de la libertad de expresión Espacio Público, que detallan por año y por estado el cierre de las 180 que salieron del aire entre 2009 y 2019.
Los años de más cierres fueron 2017, con 57 estaciones; el ya mencionado 2009, con 32; 2019, con 27, y 2011, con 23.
Según el informe, “en la gran mayoría de los casos, se trató de órdenes directas” de las autoridades, alegando “una variedad de presuntas infracciones”, como “el incumplimiento de disposiciones legales o el vencimiento de licencias”.
Otras veces, agrega, las autoridades locales deliberadamente han interrumpido el suministro eléctrico o han sacado del aire a algunas emisoras debido a la falta de servicios básicos, como los persistentes apagones y la escasez de gasolina para que el personal acudiera a trabajar.
“La radio es crucial para mantener informada a la población venezolana, particularmente en zonas remotas, pues muchos medios impresos se han visto obligados a cerrar, los bloqueos de la Internet se han vuelto más frecuentes, y los medios televisivos han sido blancos de la censura”, asegura el CPJ.
De acuerdo con el informe, con la pandemia de COVID-19 el gobierno en disputa de Maduro ha seguido restringiendo las informaciones sobre la emergencia sanitaria, “en un contexto de continuo desabastecimiento generalizado de necesidades básicas como los alimentos, el combustible y las medicinas”.
Espacio Público dice que nueve radioemisoras han salido del aire en los primeros cinco meses de 2020, entre ellas Rumbera 106.9, la cual fue cerrada en mayo por el organismo regulatorio de las telecomunicaciones venezolanas, CONATEL.
Propietarios o gerentes de radioemisoras cerradas dijeron CPJ que “con frecuencia los cierres son ejecutados por funcionarios de CONATEL, quienes acuden junto con efectivos de la Guardia Nacional u otras fuerzas militares o policiales”.
El director de Caracas Radio (RCR), Jaime Nestares Phelps, explicó que “los cierres han venido acompañados de medidas como la incautación de los equipos y, en ocasiones, de la destrucción de oficinas y equipos, y cuando los implicados tratan de presentar una denuncia en las estaciones de policía locales, enfrentan una actitud obstruccionista”.
Los cierres de radioemisoras muchas veces coinciden con las protestas o la convulsión política, u ocurren cuando los medios han cubierto temas delicados o actividades opositoras , según un análisis del CPJ sobre los acontecimientos y según entrevistas con los propietarios de radioemisoras.
La situación a dejado a los venezolanos a merced de las estaciones que han quedado en manos del oficialismo, apunta el informe.
“Ve a las calles y pregunta: ‘¿Sabes que la oposición ha convocado a una protesta mañana?’ y nadie lo sabe. Pero con seguridad todo el mundo sabrá que Maduro prometió dar un bono”, expresó, José Gregorio Galindo, de Radio Criolla 92.9, otra estación cerrada.
El CPJ afirma que se comunicó por vía telefónica con el Ministerio para la Comunicación y la Información (MINCI) venezolano y con CONATEL para obtener una declaración, pero nadie respondió las llamadas al MINCI y, al llamar a CONATEL, respondió una máquina contestadora.
