El creciente deterioro de la situación económica y social de Venezuela promovió un retroceso en la lucha contra el tráfico humano y/o cualquier forma de esclavitud moderna en ese país, según el reporte anual del Departamento de Estado de Estados Unidos. “El Gobierno de Venezuela no cumple los mínimos estándares para la eliminación del tráfico y tampoco está haciendo ningún esfuerzo”, asegura el informe en el capítulo dedicado a Venezuela.
Otro de los puntos del informe establece que los grupos armados irregulares que operan en Venezuela son los grandes promotores de prácticas como el tráfico sexual, reclutamiento de menores combatientes y trabajo forzado en sectores como la agricultura, servicios domésticos y construcción.
“En los lugares donde está el arco minero, ha aumentado la explotación sexual de niñas y también agarran a niños para hacer los trabajos en la minería y no hay esa protección del Estado”, asegura la diputada Karin Salanova, defensora de derechos humanos.
La crisis migratoria ha llevado a un aumento en la explotación sexual de mujeres venezolanas. Los países en donde es más común esta práctica son Colombia, Ecuador, Trinidad y Tobago y México, específicamente en el estado de Quintana Roo, según el informe presentado por el secretario de Estado, Anthony Blinken quien asegura que se debe “hacer todo lo posible como país, como una comunidad global, para detener el tráfico humano donde quiera que ocurra”.
El Departamento de Estado recomienda que Venezuela debe mejorar su legislación para penalizar el tráfico humano, atender a las víctimas y destinar recursos para formar fiscales especializados en la investigación y penalización de estas prácticas.
“La ruta de trata y tráfico de mujeres de nacionalidad venezolana hacia Trinidad y Tobago, que son captadas para realizar trabajos, bien sea de oficios del hogar y allá terminan siendo recluidas en centros de prostitución”, explica Eduardo Ariza, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB.
El Gobierno de Venezuela insiste en que tienen la intención de combatir este delito. En diciembre de 2020, el Fiscal de Venezuela Tarek William Saab, informó que los casos denunciados de tráfico de mujeres pasaron de 4 en 2017 a 66 en 2020.
“Estamos hablando de un delito de carácter transnacional y a la vez binacional, que compromete a que tanto las autoridades de Venezuela como de Trinidad hagamos un esfuerzo común para desmantelar tanto dentro como fuera de Venezuela estos hechos", dijo en su momento el funcionario.
El Departamento de Estado cuestiona que algunas organizaciones sociales que trabajan en contra del tráfico de personas enfrentan dificultades de financiamiento debido a restricciones impuestas por el Gobierno de Nicolás Maduro.
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