En el estado Apure, en el suroeste de Venezuela, no han cesado los combates que se iniciaron la semana pasada entre el Ejercito venezolano y grupos irregulares colombianos, entre ellos disidencias de las FARC, según denuncias de diversas instituciones.
Consultado por la Voz de América sobre la presencia en Apure de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), grupo policial cuya disolución fue solicitada por la Alta Comisionada de la ONU ante graves denuncias de ejecuciones extrajudiciales, Juan Francisco García, coordinador de la ONG Funda Redes en Apure, aseguró que han surgido denuncias de pobladores que afirman haber sido víctimas de diversos tipos de violaciones a los derechos humanos, entre ellas “detenciones ilegales”.
“También la denuncia que se está efectuando de manera mancomunada por algunos medios de comunicación y algunas ONGs por la criminalización y el montaje de falsos positivos, tratando de hacer pasar a población civil, población campesina como miembros de las FARC”, dijo.
Convenios de Ginebra
Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, explica que además del control del territorio por parte de grupos irregulares, se une el elemento de operaciones militares de “envergadura”, que han traído consecuencias “directas en la población civil”.
En este sentido, Daniels afirma que en Venezuela se deben “aplicar los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados en 1956 y, en particular, el Protocolo II de dichos convenios”, pues según dice, el país se encuentra ante un “conflicto armado interno”.
De acuerdo al Comité Internacional de la Cruz Roja, los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales “son la piedra angular del derecho internacional humanitario, es decir el conjunto de normas jurídicas que regulan las formas en que se pueden librar los conflictos armados y que intentan limitar los efectos de éstos”.
“Los cuatro Convenios de Ginebra tienen un artículo que es común a todos, el articulo 3 que es aplicable a los conflictos armados internos. Dicho artículo fue desarrollado en 1977 por el Protocolo II que es el convenio internacional que establece las obligaciones de los Estados y de las demás partes en este tipo de situaciones”, afirma.
“Por qué invocamos estos tratados, porque al realizarse represalias contra la población civil se están violentando lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Protocolo II, que señala que la misma gozará, cito, de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares, fin de la cita, y que, por tal razón, vuelvo a citar, no serán objeto de ataque la población civil como tal ni las personas civiles”, añade Daniels.
Para el abogado, los hechos que se han registrado en Apure “constituyen una violación del Protocolo II y, en consecuencia, un crimen de guerra”.
García coincide en que: “debe valorarse a profundidad la aplicación urgente de los tantos convenios internacionales para, de alguna manera, cesar un conflicto de esta naturaleza”.
Organizaciones o Gubernamentales como Funda Redes aseguran que las actuaciones militares han estado orientadas hacia un grupo disidente, que no sigue la línea de Jesús Santrich e Iván Márquez, quienes abandonaron el acuerdo de paz firmado en La Habana y que, según dicen, “son asociados” a quienes “ostentan el poder” en Venezuela.
Miembros de la oposición venezolana sostienen que el Gobierno de Nicolás Maduro “ha cedido de manera sistemática el dominio de los territorios fronterizos venezolanos” a grupos irregulares colombianos como el ELN y las FARC.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, acusa al presidente de Colombia, Iván Duque, y a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, de patrocinar a los grupos irregulares que, según dice, han incursionado en territorio venezolano.
“Nos enfrentamos a la histórica práctica terrorista de la violencia colombiana. Esta vez, con el apoyo logístico del vecino país, emplean minas contra personas, que también han impactado a vehículos blindados de las FANB. Nosotros seguiremos implacables combatiéndolos”, escribió Padrino en su cuenta en Twitter el martes.
