Un informe de Human Rights Watch divulgado este viernes afirma que las fuerzas de seguridad y las autoridades del gobierno en disputa de Venezuela han usado las medidas de restricción por el coronavirus para reprimir a las voces disidentes y aumentar su control “férreo” sobre la población.
Desde que se declaró el estado de excepción para combatir la pandemia a mediados de marzo, las autoridades venezolanas han detenido de forma arbitraria y procesado penalmente a periodistas, trabajadores de la salud, abogados de derechos humanos y críticos del gobierno de Nicolás Maduro, dice el informe.
Este decreto autorizó a las fuerzas de seguridad a hacer “inspecciones” cuando las “estimen necesarias” si existe una “fundada sospecha” de que se están violando las disposiciones emitidas.
En la práctica, dice el grupo defensor de los derechos humanos, quienes se encargan de que la población cumpla con las medidas de cuarentena son las fuerzas armadas, la policía y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que han estado implicadas en ejecuciones extrajudiciales.
También incluye a los grupos armados partidarios del gobierno conocidos como “colectivos”, que colaboraron con las fuerzas de seguridad en las arremetidas contra opositores en 2014 y 2017.
El informe dice que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó en julio sobre una “aplicación discrecional” del estado de emergencia por parte de militares, fuerzas del orden y autoridades locales en Venezuela.
Además, documentó que los colectivos han intimidado y atacado a opositores políticos, manifestantes y periodistas antes y durante la pandemia, y controlado el cumplimiento de las medidas de confinamiento en barrios pobres.
Organizaciones locales también documentaron que agentes de las fuerzas de seguridad han detenido de forma arbitraria a quienes no usan mascarillas o se reúnen en las calles, y que los colectivos han golpeado y torturado a civiles por presuntamente haber incumplido medidas de cuarentena.
“El estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Contra muchos de los detenidos se ha utilizado una ley contra el odio que HRW califica de “absurda y excesivamente amplia”, para acusarlos de diversos delitos y procesarlos por un poder judicial sin la más mínima independencia.
En varios casos, se les han imputado delitos de posesión de armas o “agavillamiento” (asociación ilícita) a opositores políticos, a partir de pruebas que habrían sido plantadas para incriminarlos.
Algunos detenidos han sufrido abusos físicos que podrían constituir torturas.
Human Rights Watch identificó casos en los cuales 162 personas habrían sido víctimas de hostigamiento, detención o persecución penal entre marzo y junio. La organización no gubernamental venezolana Foro Penal informó que hubo 257 detenciones arbitrarias entre marzo y julio.
En su reporte, Human Rights Watch dice que corroboró que las autoridades han hostigado, detenido y procesado a opositores políticos, incluyendo varios legisladores, periodistas que publican información crítica, trabajadores de la salud que cuestionan el manejo de la pandemia por las autoridades y abogados de derechos humanos que brindan apoyo legal a manifestantes que protestan contra la falta de agua, combustible o medicamentos.
Los agentes de las fuerzas de seguridad también han confiscado teléfonos celulares y computadoras portátiles de periodistas, a quienes han obligado a borrar fotografías o grabaciones de video.
En numerosos casos reportados desde el inicio del estado de excepción, las personas que compartieron o publicaron información en redes sociales cuestionando a funcionarios públicos o criticando políticas públicas fueron acusadas de incitación al odio o a delinquir.
La justicia prohibió a varios detenidos bajo arresto domiciliario que usaran redes sociales o se refirieran a “asuntos del Estado”, una medida que viola su derecho de libertad de expresión.
“En la Venezuela de hoy, no es posible siquiera compartir un mensaje privado vía WhatsApp en el cual se critique a los incondicionales de Maduro sin temor a convertirse en objeto de persecución penal”, dijo Vivanco.
La ONG afirma que las detenciones, los procesos penales arbitrarios y los abusos contra detenidos que han ocurrido desde marzo siguen el mismo patrón que los abusos sistemáticos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad que documentó en las “brutales arremetidas contra opositores desde 2014”.
La entidad recuerda que el derecho internacional prohíbe limitar ciertos derechos fundamentales incluso durante períodos de emergencia.
Estos incluyen el derecho a la vida, la prohibición a la tortura y los maltratos, el derecho a un juicio justo y a no sufrir detención arbitraria y el derecho a la revisión judicial de las detenciones.
“Toda restricción de otros derechos debe estar prevista en la ley y debe resultar necesaria y proporcional a la amenaza que supone la pandemia”, dijo Human Rights Watch.
“En Venezuela las autoridades están dando para hacer lo que mejor les sale, que es reprimir”
En una entrevista de la periodista de la Voz de América Cristina Caicedo Smith, la subdirectora interina de la División de las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, dijo que “en Venezuela las autoridades están dando para hacer lo que mejor les sale, que es reprimir”
“Lo que encontramos es que ha habido una gran cantidad de detenciones de médicos de periodistas, de abogados de derechos humanos de opositores, por el solo hecho de cuestionar qué es lo que está realmente pasando en el país”, explicó Taraciuk.
La activista destacó la importancia del informe porque “hay pocas noticias a nivel internacional sobre Venezuela. Cuando se habla ahora la debacle humanitaria, un problema gravísimo, está muy bien que hablemos de esto”.
“Que no perdamos de vista que en este contexto la represión (…) sigue los mismos patrones de la represión en circunstancias anteriores, aunque no estemos viendo estas protestas masivas que veíamos en 2014 o en 2010”.
Taraciuk alabó la actitud de la prensa en Venezuela que “ha estado bajo acecho hace mucho tiempo”.
“Yo encuentro que los periodistas venezolanos siguen haciendo un trabajo muy valiente para tratar de contar la realidad en el país”, dijo.
También tuvo elogios para el personal de la salud.
“Están haciendo un trabajo muy valioso y ante un enorme riesgo, porque no tienen las medidas de protección adecuadas y no pueden contar con toda la información (…) médicos que ven pacientes con síntomas de coronavirus, pero que no pueden confirmar los casos porque no tienen la posibilidad para el testeo, demoran mucho”, señaló.
Y entonces, agregó, cuando han ido “a cuestionar el colapso del sistema de salud, la respuesta inadecuada de las autoridades a la pandemia, el resultado es el hostigamiento y la detención”.
