El Ministerio Público venezolano informó este miércoles sobre la imputación de cargos a diez personas por los sucesos ocurridos en una cárcel en el interior del país hace casi tres semanas que dejaron casi 50 muertos y decenas heridos.
La información la dio a conocer el fiscal designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, quien calificó el anuncio como “un acto de justicia en materia de derechos humanos”.
Según la versión oficial, el pasado 1 de mayo, tuvieron lugar “hechos irregulares” en el Centro Penitenciario de Los Llanos Occidentales, en Guanare, estado Portuguesa, a unos 400 kilómetros de Caracas, que dejaron como resultado 47 personas fallecidas y 67 heridos.
Entre los señalados están cinco funcionarios de la Guardia Nacional “que dispararon contra los reclusos”, señala la fiscalía, que serán acusados por homicidio intencional en grado de complicidad, homicidio intencional en grado de frustración y abuso de poder.
También hay cuatro reclusos, identificados como “líderes violentos”, acusados de homicidio intencional en grado de complicidad, homicidio intencional en grado de frustración y tráfico de armas de fuego.
El último señalado es el propio director del Centro Penitenciario, Carlos Benito Toro Graterol, a quien el Ministerio Público imputa como cómplice necesario en el delito de introducción de armas de fuego en la cárcel.
Según la fiscalía, ese viernes, los reclusos “iniciaron acciones de protesta por supuestos hechos irregulares durante la visita. Ante la falta de respuesta a su reclamo, la población penal traspasó la cerca principal”. Los funcionarios dispararon, recibiendo respuesta de los detenidos armados, agregan.
Otras versiones indican que los reos estaban reclamando por la retención de alimentos entregados minutos antes por sus familiares. Iris Varela, ministra de Servicios Penitenciarios del Gobierno en disputa del país, indicó en su momento que el hecho ocurrió tras un intento de fuga masiva.
