El anuncio de Peter Grohmann, coordinador en Venezuela de la Oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), de suspender la transferencia de fondos humanitarios en el país, generó inquietud entre actores humanitarios y defensores de derechos humanos.
“En vista de la falta de claridad sobre el marco institucional financiero/bancario respecto a la modalidad de Programas de Transferencia Monetaria dentro de las actividades del Plan de Respuesta Humanitaria, vemos la necesidad de suspender de forma temporal las transferencias monetarias”, expuso Grohmann en una carta dirigida a “colegas y socios humanitarios” que fue divulgada en redes sociales.
Posteriormente, a través de su cuenta en Twitter, la OCHA aclaró que continúan implementando el Plan de Respuesta Humanitaria en Venezuela, resaltando que “solo los programas de transferencias monetarias, que son un porcentaje reducido” fueron suspendidos por “temas relacionados al marco regulatorio” y que trabajan para “buscar una solución inmediata”.
Miguel Pizarro, Comisionado Especial para la Ayuda Humanitaria y Comisionado para la ONU del gobierno interino de Juan Guaidó, reaccionó asegurando que la decisión “no solo influye en la labor de los actores humanitarios”, pues “miles de familias vulnerables que se benefician de estos programas quedan desprotegidas en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja que se agrava a diario”.
“Es un mal precedente que, ante un ataque del régimen al espacio humanitario, la decisión de quienes deben protegerlo sea retroceder y darle la razón a quien intenta de facto controlar la respuesta en terrero”, subrayó en su cuenta en Twitter.
La medida ocurre días después de la detención arbitraria de cinco miembros de Azul Positivo, una organización defensora de los derechos de la salud de pacientes de VIH, hecho sobre el que la OCHA no se pronunció de manera inmediata, lo que generó malestar entre miembros del movimiento de DD.HH. en Venezuela.
Diversas modalidades
Consultado por la Voz de América, el periodista y defensor de derechos humanos, Jesús Urbina, expone que hay diferentes formas de gestionar la ayuda humanitaria y que la transferencia monetaria a ONG que administran los programas, es una de las modalidades que ha tomado cuerpo porque “es más fácil canalizarlo”.
“No todo es un paquete con alimentos primarios que se le entregan a una persona. La ventaja que tiene la transferencia monetaria es que le permite al beneficiario decidir qué es lo que compra para aliviar su situación de crisis o de emergencia y, por otro lado, tanto para los trabajadores humanitarios como para los donantes hay mayor transparencia porque se le puede seguir la ruta al dinero que se entrega y puedes saber si es eficaz o no”, explica.
“¿Cómo pones adelante una logística de emergencia para sustituir un programa perfectamente lícito y de uso en todo el mundo y que suponíamos que también lo era en Venezuela?, ¿cómo haces para sustituirlo de la noche a la mañana si estás enfrentando una emergencia? Eso no lo pueden dejar al arbitrio de los propios trabajadores humanitarios que están en campo”, respondió Urbina al ser consultado sobre el futuro de los trabajadores humanitarios en Venezuela.
Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia y profesor de Derecho Internacional Humanitario, agrega que se trata de una medida que temían, pues son varios los episodios de persecución contra organizaciones humanitarias.
“Nada de lo que hacen estas organizaciones es delito. Legitimación de capitales tiene como primer requisito, que el capital sea ilegal y si viene de Naciones Unidas o viene de Oxfam o de alguna otra ONG internacional, obviamente ese no es un capital ilícito”, sostiene.
Daniels coincide en que las organizaciones humanitarias “se sienten desvalidas, huérfanas porque quien debería abogar por ellas y dar la cara públicamente por ellas hasta ahora lo que ha dicho es que van a negociar porque no está claro el marco, pero el marco jurídico sí está claro, lo que están haciendo las organizaciones humanitarias no es delito”.
“Naciones Unidas se reúne permanentemente con el gobierno y le da información sobre lo que está haciendo, en este sentido los programas actúan y se informa al gobierno, el gobierno sabe y sabe exactamente cuántos son los programas, llevan años”, insiste.
“En 2020 la respuesta humanitaria, incluyendo a la pandemia COVID-19, ha alcanzado a más de 4,2 millones de personas con algún tipo de asistencia entre enero y octubre”, de acuerdo con datos ofrecidos por la OCHA.
