El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI) hizo público este martes un informe en el que sostiene que con toda claridad el sistema judicial de Venezuela necesita reformas urgentes.
La asociación insta en el documento al gobierno venezolano a que tenga en cuenta la opinión de las organizaciones nacionales e internacionales y tome medidas rápidas y significativas si “desea restaurar la confianza pública en la administración imparcial de la justicia” en el país.
En el documento, los abogados afirman que Venezuela no dispone de mecanismos sistemáticos para garantizar la independencia judicial, y alude específicamente al proceso judicial seguido contra la jueza María Lourdes Afiuni.
Citando detalles del juicio, la IBAHRI detalla una serie de irregularidades, entre ellas el hecho de que la jueza fue arrestada sin una orden judicial, y la petición del entonces presidente Hugo Chávez en declaraciones por televisión pidiendo que fuese encarcelada.
También que Afiuni haya sido “sometida a abusos físicos severos” en prisión entre diciembre de 2009 y febrero de 2011, y que la fiscalía “no presentara suficientes pruebas en ninguna etapa del proceso como para respaldar las alegaciones presentadas en su contra”.
El informe indica que las frecuentes demoras en el juicio “han hecho que el proceso penal se haya extendido por más de cuatro años, lo cual ha violado el derecho de la jueza Afiuni a tener un juicio justo dentro de un período razonable de tiempo”.
Precisa además que el IBAHRI “está profundamente preocupado por los graves daños que el proceso penal de la jueza Afiuni ha causado a la independencia del sistema judicial venezolano y a la profesión legal en general, al haber generado una atmósfera de temor”.
IBAHRI pone de relieve en su declaración que “la independencia de los jueces y abogados es un componente esencial de cualquier sociedad democrática y un pilar fundamental del estado de derecho”.
La asociación insta en el documento al gobierno venezolano a que tenga en cuenta la opinión de las organizaciones nacionales e internacionales y tome medidas rápidas y significativas si “desea restaurar la confianza pública en la administración imparcial de la justicia” en el país.
En el documento, los abogados afirman que Venezuela no dispone de mecanismos sistemáticos para garantizar la independencia judicial, y alude específicamente al proceso judicial seguido contra la jueza María Lourdes Afiuni.
Citando detalles del juicio, la IBAHRI detalla una serie de irregularidades, entre ellas el hecho de que la jueza fue arrestada sin una orden judicial, y la petición del entonces presidente Hugo Chávez en declaraciones por televisión pidiendo que fuese encarcelada.
También que Afiuni haya sido “sometida a abusos físicos severos” en prisión entre diciembre de 2009 y febrero de 2011, y que la fiscalía “no presentara suficientes pruebas en ninguna etapa del proceso como para respaldar las alegaciones presentadas en su contra”.
El informe indica que las frecuentes demoras en el juicio “han hecho que el proceso penal se haya extendido por más de cuatro años, lo cual ha violado el derecho de la jueza Afiuni a tener un juicio justo dentro de un período razonable de tiempo”.
Precisa además que el IBAHRI “está profundamente preocupado por los graves daños que el proceso penal de la jueza Afiuni ha causado a la independencia del sistema judicial venezolano y a la profesión legal en general, al haber generado una atmósfera de temor”.
IBAHRI pone de relieve en su declaración que “la independencia de los jueces y abogados es un componente esencial de cualquier sociedad democrática y un pilar fundamental del estado de derecho”.
