La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) denunció este jueves en Ginebra que el sistema judicial está atado de pies y manos en Venezuela porque los jueces tienen “miedo de desobedecer las órdenes políticas" y ser objeto de represalias.
Un informe de la comisión señala que mientras la justicia venezolana persigue a estudiantes, opositores y a magistrados independientes ignora en cambio la mayoría de los crímenes que se cometen en el país, que es el de mayor tasa de asesinatos en el mundo.
De acuerdo con el reporte, cientos de estudiantes encaran juicios sin que haya pruebas de que cometieron algún delito luego de más de tres meses de protestas antigubernamentales, en tanto que alrededor de 160 personas siguen encarceladas.
"Es de suma importancia que las instituciones jurídicas y políticas del Estado, especialmente el Poder Judicial y la Fiscalía General, —señala CIJ—sean reforzadas y se conviertan en el pilar fundamental de la democracia, como guardianes de la ley".
Según dijo el jurista venezolano Carlos Ayala en la presentación del informe, las autoridades de Venezuela han rechazado pedidos de diversas instancias internacionales, incluidos expertos de Naciones Unidas, para visitar a estudiantes presos.
Ayala dijo que la forma en que se ha manejado el caso del líder opositor Leopoldo López, en prisión y en espera de juicio, es "un ejemplo más de cómo se usa la judicatura contra los políticos".
El informe sostiene que el 90 por ciento de los crímenes en Venezuela “quedan impunes, no son investigados ni sancionados debido a la falta de eficiencia del sistema judicial, lo que tiene como consecuencia alentar la violencia".
También revela que de poco más de 1.900 jueces, en adición a los más de 30 del Supremo, el 70 por ciento han sido nombrados sin haber sido electos de manera pública, y para ser removidos solo se requiere de una simple comunicación por escrito.
Ayala indicó que la situación en el Ministerio Público (Fiscalía) es todavía más inquietante debido a que "de 1.500 fiscales, prácticamente ninguno es titular".
Un informe de la comisión señala que mientras la justicia venezolana persigue a estudiantes, opositores y a magistrados independientes ignora en cambio la mayoría de los crímenes que se cometen en el país, que es el de mayor tasa de asesinatos en el mundo.
De acuerdo con el reporte, cientos de estudiantes encaran juicios sin que haya pruebas de que cometieron algún delito luego de más de tres meses de protestas antigubernamentales, en tanto que alrededor de 160 personas siguen encarceladas.
"Es de suma importancia que las instituciones jurídicas y políticas del Estado, especialmente el Poder Judicial y la Fiscalía General, —señala CIJ—sean reforzadas y se conviertan en el pilar fundamental de la democracia, como guardianes de la ley".
Según dijo el jurista venezolano Carlos Ayala en la presentación del informe, las autoridades de Venezuela han rechazado pedidos de diversas instancias internacionales, incluidos expertos de Naciones Unidas, para visitar a estudiantes presos.
Ayala dijo que la forma en que se ha manejado el caso del líder opositor Leopoldo López, en prisión y en espera de juicio, es "un ejemplo más de cómo se usa la judicatura contra los políticos".
El informe sostiene que el 90 por ciento de los crímenes en Venezuela “quedan impunes, no son investigados ni sancionados debido a la falta de eficiencia del sistema judicial, lo que tiene como consecuencia alentar la violencia".
También revela que de poco más de 1.900 jueces, en adición a los más de 30 del Supremo, el 70 por ciento han sido nombrados sin haber sido electos de manera pública, y para ser removidos solo se requiere de una simple comunicación por escrito.
Ayala indicó que la situación en el Ministerio Público (Fiscalía) es todavía más inquietante debido a que "de 1.500 fiscales, prácticamente ninguno es titular".
