El reciente secuestro en Venezuela de Nairobi Pinto, jefa de corresponsales del canal de noticias Globovisión ha puesto de relieve de manera trágica el acoso y el terror en medio del que se hallan los periodistas independientes en el país.
La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció esta semana que “en medio de la delicada situación que se vive actualmente en Venezuela, los periodistas se encuentran en primera línea y padecen tanto la represión policíaca, como la cólera de los manifestantes”.
RSF advirtió que no se debía descartar que el secuestro estuviese relacionado “con la actividad profesional de la víctima” y exigió a las autoridades venezolanas el esclarecimiento o antes posible de las circunstancias en que se produjo el hecho.
Según medios de prensa venezolanos, Pinto, de cuyo paradero aún nada se sabe, pudo haber sido víctima de su amistad con la líder estudiantil opositora Gabriela Arellano, acosada por las autoridades y furibundamente perseguida por turbas partidarias del gobierno.
Arellano dijo: “Nairobi Pinto es mi amiga y su secuestro es por razones políticas”. A su juicio la secuestraron para extraerle información sobre el partido de la oposición Voluntad Popular, del cual ella es miembro y cuyo líder, Leopoldo López, fue encarcelado por el gobierno.
De momento no existen pistas del rapto de la periodista de 29 años, cuyos secuestradores, dos encapuchados armados, no han hecho ninguna declaración pública ni se han comunicado con los familiares de la víctima, como suele suceder cuando el móvil es exigir un rescate.
Periodistas de todo el país se han sumado a una campaña para demandar a las autoridades que se investigue sin dilación el secuestro, pero el ministro del Interior, Miguel Rodríguez, descartó que el rapto tuviese razones políticas aduciendo que habría sido cometido por delincuentes comunes.
Sin embargo, tanto el hilo conductor de los acontecimientos (las protestas antigubernamentales que sacuden al país) como los antecedentes (el hostigamiento sistemático oficial contra la prensa privada) apuntan en una dirección que al menos hace cómplice a las autoridades.
En su último informe anual sobre la libertad de prensa en el mundo, RSF situó a Venezuela en el lugar 116 entre 180 países, lo que por sí solo habla de la adversa situación en que los periodistas se ven obligados a ejercer su profesión en la nación suramericana.
El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa venezolana dio a conocer este sábado que durante dos meses de protestas y represión desde el pasado 12 de febrero ha documentado 181 agresiones contra 137 trabajadores de la prensa.
Tras denunciar que los periodistas en Venezuela viven su peor momento de “terror”, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha acusado al gobierno del presidente Nicolás Maduro de llevar a cabo una "sistemática y generalizada violación de los derechos humanos en el país".
La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció esta semana que “en medio de la delicada situación que se vive actualmente en Venezuela, los periodistas se encuentran en primera línea y padecen tanto la represión policíaca, como la cólera de los manifestantes”.
RSF advirtió que no se debía descartar que el secuestro estuviese relacionado “con la actividad profesional de la víctima” y exigió a las autoridades venezolanas el esclarecimiento o antes posible de las circunstancias en que se produjo el hecho.
Según medios de prensa venezolanos, Pinto, de cuyo paradero aún nada se sabe, pudo haber sido víctima de su amistad con la líder estudiantil opositora Gabriela Arellano, acosada por las autoridades y furibundamente perseguida por turbas partidarias del gobierno.
Arellano dijo: “Nairobi Pinto es mi amiga y su secuestro es por razones políticas”. A su juicio la secuestraron para extraerle información sobre el partido de la oposición Voluntad Popular, del cual ella es miembro y cuyo líder, Leopoldo López, fue encarcelado por el gobierno.
De momento no existen pistas del rapto de la periodista de 29 años, cuyos secuestradores, dos encapuchados armados, no han hecho ninguna declaración pública ni se han comunicado con los familiares de la víctima, como suele suceder cuando el móvil es exigir un rescate.
Periodistas de todo el país se han sumado a una campaña para demandar a las autoridades que se investigue sin dilación el secuestro, pero el ministro del Interior, Miguel Rodríguez, descartó que el rapto tuviese razones políticas aduciendo que habría sido cometido por delincuentes comunes.
Sin embargo, tanto el hilo conductor de los acontecimientos (las protestas antigubernamentales que sacuden al país) como los antecedentes (el hostigamiento sistemático oficial contra la prensa privada) apuntan en una dirección que al menos hace cómplice a las autoridades.
En su último informe anual sobre la libertad de prensa en el mundo, RSF situó a Venezuela en el lugar 116 entre 180 países, lo que por sí solo habla de la adversa situación en que los periodistas se ven obligados a ejercer su profesión en la nación suramericana.
El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa venezolana dio a conocer este sábado que durante dos meses de protestas y represión desde el pasado 12 de febrero ha documentado 181 agresiones contra 137 trabajadores de la prensa.
Tras denunciar que los periodistas en Venezuela viven su peor momento de “terror”, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha acusado al gobierno del presidente Nicolás Maduro de llevar a cabo una "sistemática y generalizada violación de los derechos humanos en el país".
