Estados Unidos marcó en rojo en su cartelera de funcionarios chavistas al arquitecto de un sistema de economía digital que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha tratado de impulsar desde hace tres años para esquivar las sanciones económicas de Washington.
Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció el lunes que su despacho recompensará con cinco millones de dólares a quien aporte información que derive en el arresto del superintendente de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela, Joselit Ramírez.
A los ojos de la Casa Blanca, Ramírez es partícipe del “crimen organizado transnacional” y es presuntamente responsable del lavado de dinero obtenido ilícitamente.
Su nombre fue mencionado en marzo entre los principales colaboradores de Maduro, cuando el departamento de Justicia de Estados Unidos reveló cargos penales contra él.
Ramírez preside desde 2018 la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas del país en el interín de una crisis económica crónica: Venezuela registró 9.500 por ciento de inflación, solo el año pasado, y su Producto Interno Bruto (PIB) se ha desplomado 70 puntos entre 2013 y 2019.
Ramírez es considerado íntimo del Palacio de Miraflores. Analistas lo valoran como una pieza de confianza de Tarek El Aissami, vicepresidente económico del madurismo.
El Aissami, por cuya captura Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares, está sancionado por presunto lavado de dinero y narcotráfico. Además, es uno de los 10 más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados.
Ramírez es pieza fundamental de la economía digital que Maduro intenta impulsar desde 2018.
Su oficina, creada en diciembre de 2017, se autodefine como “un ente autónomo que supervisa las actividades del sistema integral de criptoactivos y un gobierno digital soportado en la plataforma blockchain”. Tal aspiración se fundamenta en el Petro.
El secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, aseguró en marzo de 2018 que Maduro intentaba eludir las sanciones de Washington a través de esa criptomoneda.
La Casa Blanca prohibió entonces toda transacción vinculada al sistema financiero norteamericano con cualquier moneda digital emitida por el madurismo.
La Administración Trump acusó al chavismo de usar esa criptomoneda para intentar mantener “su régimen dictatorial”. Y, de todo ese esquema, Ramírez es el arquitecto.
Brazo ejecutor
Joselit Ramírez ha orquestado mecanismos de tecnologías económicas para el madurismo tras bastidores y en cargos oficiales desde hace tres años.
Es el brazo ejecutor de sistemas gubernamentales de pagos, como el BioPetro, que en diciembre entregó bonos digitales en bolívares a cientos de miles de venezolanos.
Ramírez ha intentado aplicar un barniz de transparencia a su institución. En 2019, anunció la creación de una unidad contra la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo con el apoyo de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano.
Tiene una presencia escasamente activa en las redes sociales, al menos a título personal.
Suele retuitear mensajes de tres de los principales integrantes del chavismo gobernante: Nicolás Maduro; Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; y el vicepresidente económico Tarek El Aissami.
En su cuenta de Twitter, tiene fijado un mensaje de hace dos años, en el que Maduro anuncia el lanzamiento de “un nuevo modelo económico”. En la foto del tuit, Ramírez aparece sentado a pocos metros del presidente en disputa en el Palacio de Miraflores.
El funcionario chavista denunció el 17 de marzo que Twitter restringió la cuenta de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. Dos meses después, sigue inactiva.
Competencias
La oficina de Ramírez se encarga oficialmente de regular, controlar y supervisar la actividad de minería digital en Venezuela.
Tiene la potestad de supervisar los registros de mineros digitales en Venezuela. También, emite y revoca permisos y licencias para la explotación de dicha actividad.
“Autorizar a sujetos nacionales y extranjeros a operar dentro de Venezuela”, además, se encuentra dentro de las competencias descritas en su cargo.
Está a al frente, asimismo, de la autorización de licencias para casas de cambio y de la administración de capital en criptomonedas.
El madurismo cerró filas para defenderle. El lunes, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, rechazó “enérgicamente” la oferta de recompensa por Ramírez.
Valoró tal medida como una “estrategia para atacar la economía venezolana y distraer la atención de las protestas masivas y la crisis humanitaria en Estados Unidos”.
La fiscalía norteamericana argumenta que Ramírez cometió crímenes en su intento de evadir las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra Maduro y otros funcionarios de su gobierno.
El comunicado del departamento de Estado resaltó sus vínculos con El Aissami en esas tareas. Le acusó de asociarse con él y con entidades estadounidenses para, también, “proveer vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro del 2018”.
