Personalidades y activistas rechazaron la irrupción de agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en la sede en Caracas de Acción Solidaria, una asociación civil que brinda atención a pacientes con VIH y trabaja en coordinación con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Feliciano Reyna, representante de la asociación, denunció que ocho miembros de su equipo fueron detenidos y posteriormente liberados.
Los agentes de las FAES, cuya disolución fue solicitada el año pasado por Michelle Bachellet, Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, también tomaron equipos y medicamentos, que fueron devueltos horas después.
“Exigimos garantías para trabajar en condiciones de brindar apoyo y que cesen los actos en contra de las organizaciones de la sociedad civil nacional que realizan trabajo humanitario y de defensa de los derechos de las poblaciones más vulnerables y necesitadas del país”, escribió Reyna en su cuenta en Twitter el lunes por la tarde.
Reyna apuntó que gracias al apoyo de la sociedad civil, fue posible generar “respuestas institucionales urgentes y necesarias” para que sus colegas fueran liberados.
En tanto, Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG defensora de derechos fundamentales PROVEA, afirmó que el episodio es un reflejo de los riesgos que enfrenta la sociedad civil independiente en Venezuela.
“Pero especialmente las organizaciones de DDHH y las que realizamos trabajo humanitario para defender los derechos vulnerados de los venezolanos en un contexto de ausencia de democracia”, sostuvo.
Uzcátegui resaltó que la liberación ocurrió gracias a la presión, movilización y la denuncia de la sociedad civil, lo cual, según dijo, refleja que se le puede ganar al “autoritarismo” de manera organizada si la sociedad se “moviliza, documenta, denuncia y exige a las autoridades poner fin a los abusos”.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro no ha hecho declaraciones públicas sobre el allanamiento.
En varias ocasiones, diversas organizaciones no guberamentales, entre ellas el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), han denunciado que desde que comenzó la epidemia de COVID-19 en Venezuela, los “patrones de persecución política” se han agudizado en el país.
El año pasado, antes de la pandemia y sin orden judicial, agentes de seguridad allanaron la sede de Manos Amigas por la Vida (Mavid), una fundación que también atiende a pacientes con VIH. En esa ocasión sustrajeron las donaciones y medicamentos argumentando que se encontraban vencidos.
