Los casos de torturas y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad registraron durante 2019 un salto de más de 50%, señala un estudio que difundió el martes el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las principales organizaciones humanitarias del país.
Provea refiere en su informe anual que durante el año pasado se reportaron 574 víctimas de torturas, superando en más del doble las cifras de 2018 cuando se registraron 109 casos.
"Genera alarma el asesinato de 23 personas a consecuencia de las torturas recibidas por agentes de la fuerza pública", indica el informe.
El documento, basado en denuncias de los familiares de las víctimas y reportes de prensa, además señala que el registro de fallecidos por torturas supera las cifras de las últimas tres décadas.
"Las torturas se aplicaron en las cárceles y comisarías del país contra los más pobres y los disidentes más temidos por la dictadura: los militares", sostiene el estudio.
Uno de los casos que generó mayor polémica fue el del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, que murió a mediados del año pasado a consecuencia de las torturas que recibió tras ser detenido por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Por el caso la Fiscalía General imputó a dos militares a los que les dictaron cargos por el delito de "homicidio preterintencional concausal" en medio de críticas de activistas y opositores que exigieron que los implicados fueran procesados por la ley contra la tortura y se les aplicaran sanciones más severas.
De igual forma, Provea llamó la atención sobre los casos de 2.102 asesinados en 2019. De éstos, 1.045 murieron a consecuencia de "intervención de policías y militares". Para el año anterior se reportaron 663 casos de violaciones al derecho a la vida.
En la evaluación la organización humanitaria señala que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la policía nacional tiene 432 denuncias de casos de asesinatos, seguida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas con 202 casos, la Guardia Nacional con 86 el Ejército con nueve, la DGCIM con cinco, y las policías estatales y municipales con 243.
La AP solicitó al gobierno una reacción sobre el informe de Provea pero no hubo comentarios de momento.
Desde el año pasado la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha advertido sobre el deterioro de los derechos humanos en Venezuela y ha hecho algunas recomendaciones, como la eliminación del FAES, que hasta la fecha no han sido atendidas por el gobierno de Nicolás Maduro. Por el contrario, ha señalado a la exmandataria chilena de mentir sobre la situación de la nación suramericana y de tener una visión "parcializada".
"Tendrían que darse con una piedra en los dientes alguna gente que opina de Venezuela en otros lugares y han gobernado sus países y no han sido capaces de atender a los humildes y llevarle la salud gratuita", dijo el año pasado Maduro al defender su gestión en materia de derechos humanos.
A inicios de mes, Bachelet dijo en una actualización de su informe sobre Venezuela que estaba preocupada por los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad y documentó 38 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre mayo de 2019 y el mismo mes de 2020, de los cuales en 23 casos se identificó al FAES como presuntos responsables.
Asimismo, la Alta Comisionada manifestó preocupación por el "patrón de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de detención".
