Integrantes de la denominada Comisión Delegada del Parlamento de 2015, presidida por Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, advirtieron que dos de las leyes promovidas por la Asamblea Nacional de mayoría chavista, resultan una “aberración jurídica” que buscaría, según dicen, despojar a los ciudadanos de sus derechos constitucionales.
Deyalitza Aray, diputada miembro de la Comisión Delegada, afirmó que la Ley de Ciudades Comunales buscaría sustituir el ejercicio del voto por un proceso ilegitimo ejecutado por voceros comunitarios que seguirían ordenes impartidas por el gobierno.
“Se pretende crear un Estado paralelo oficializando al socialismo como doctrina y que además se le da un golpe duro a la propiedad privada y quedan las autoridades regionales y municipales como una especie de jarrón chino que nada tendrán en la incidencia de la toma de decisiones”, dijo durante una sesión del martes de la Comisión Delegada.
En tanto, para el diputado Williams Dávila, la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) tiene como propósito buscar “dinero fresco” para sortear las sanciones impuestas por la comunidad internacional y beneficiar el auge de negocios ilícitos.
“Es una entrega del país a consorcios extranjeros, a la certificación ratificada de petróleo, mineral, turismo, es simplemente un proyecto que fía al país por 10 años, lo cierto es que nuevas inversiones no van a venir a Venezuela con unas zonas económicas especiales y sobre todo con un Estado comunal que pretende colectivizar la producción venezolana”, expresó.
Según el presidente Nicolás Maduro, la Ley de ZEE, aprobada en primera discusión el 27 de abril, pretende generar “riquezas y nuevas fuentes de desarrollo” para el país.
“Es una alternativa estratégica de inversión a través de la cual se asegura el desarrollo industrial científico-tecnológico, financiero, equilibrio interterritorial y mejores condiciones socioeconómicas y geoestratégicas”, afirmó Nicolás Maduro Guerra, diputado e hijo del mandatario.
El proyecto de Ley Orgánica, define a las ZEE como “espacios territoriales para la atracción de inversiones productivas nacionales y extranjeras a partir de estímulos económicos (fiscales, financieros y aduanales), confianza seguridad jurídica y políticas económicas coherentes, todo lo cual exige un solido marco legal e instituciones eficientes, libres de burocratismo”.
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