El conflicto armado en el estado Apure, al suroeste de Venezuela y fronterizo con Colombia, amenaza con escalar dentro de territorio venezolano y ha desencadenado amenazas contra activistas que han visibilizado la situación para hacer frente a la opacidad gubernamental.
Los enfrentamientos entre el ejercito venezolano y grupos irregulares que se disputan el control del territorio para desarrollar actividades ilícitas como el narcotráfico ha desatado alarma, especialmente en la población civil víctima directa del conflicto, pero ¿puede escalar a nivel regional?
Andrei Serbin, analista internacional y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), asegura que, si bien podría haber una dimensión hemisférica que impacte en términos de seguridad a países vecinos, en este momento el riesgo está orientado a que el conflicto escale dentro de Venezuela.
“Que empecemos a ver qué otros grupos armados paraestatales que operan en territorio venezolano terminen tomando acciones similares, que sigan cuestionándole el rol al Estado venezolano, que siga perdiendo control del territorio. Efectivamente corre el riesgo de que pase en otros estados, en particular si vemos como otros grupos criminales en el país ya están tomando acciones de tratar de controlar territorios”, expone.
Consultado por VOA sobre si el conflicto pudiera estar siendo subestimado por la comunidad internacional, Serbin estima que buena parte “no está del todo interiorizada de lo que significa Apure” y de las dimensiones y riesgo que pueda implicar a corto, mediano y largo plazo.
“No quita que sí se están dando las discusiones. Hay esfuerzos muy proactivos por parte de vinculados al gobierno interino, de la sociedad civil y de los académicos. Pero quizás todavía desde la óptica internacional se está viendo como un conflicto a nivel local que no necesariamente se entienden las repercusiones que podría llegar a tener en el futuro”, responde.
Respecto al pronunciamiento de preocupación por parte de Rusia, Serbin recuerda que se trata de un “aliado estratégico” del gobierno de Maduro con creciente presencia en la región.
“Otra visión puede ser que, en su confrontación con Estados Unidos en términos geopolíticos, esa frontera tiene un valor agregado y es que del otro lado de la frontera está la presencia militar norteamericana asesorando a las Fuerzas Armadas colombianas. Lo otro que no podemos descartar es que esté considerando un rol más proactivo en el apoyo a su socio y ese apoyo ya lo hemos visto en el término de presencia militar por medio del asesoramiento técnico”, añade.
Hostigamiento
Javier Tarazona, director de Funda Redes, organización que ha denunciado y documentado el conflicto armado en Apure, solicitó el lunes una reunión con el ministro de defensa Vladimir Padrino para “compartir y aportar” su trabajo de investigación sobre las operaciones de grupos irregulares colombianos en Venezuela.
Además, denunció que está siendo víctima de hostigamiento por parte miembros del gobierno de Nicolás Maduro y de grupos guerrilleros, entre ellos el ELN y las FARC.
“La vida de este servidor está en manos de quienes hoy ostentan el poder en Venezuela. Hago un llamado a la oficina de la Alta Comisionada de DD.HH., Michelle Bachelet, para que asuma mi protección”, denunció Tarazona el domingo a través de un video divulgado en su cuenta en Twitter.
Juan Francisco García, coordinador de Funda Redes en Apure, reiteró que grupos irregulares que cuentan con la “anuencia del Estado venezolano” lanzan amenazas y dice que constantemente son “monitoreados” por organismos de seguridad venezolanos, lo que los lleva a mantenerse alertas.
Tras más de dos semanas de silencio, el Ministerio de la Defensa de Venezuela admitió que, tal y como había denunciado Funda Redes, ocho militares se encuentran en manos de las FARC, y anunció que han establecido contactos de coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja para que sirva de enlace para su liberación.
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