Dudas respecto a su efectividad ha generado entre especialistas venezolanos la puesta en marcha de una comisión especial encargada de llevar adelante una supuesta “Revolución Judicial“ en el país sudamericano.
En una sesión del Consejo de Estado recientemente, el presidente venezolano Nicolás Maduro encargó a su esposa y diputada, Cilia Flores, y al considerado como número dos del chavismo, el diputado Diosdado Cabello, emprender una “revolución profunda y acelerada” del sistema judicial.
“Se le ha fijado un plazo de 60 días a esta comisión especial para que solucione de manera profunda, con justicia, y sin impunidad. Tenemos la disposición, el poder en las manos, y podemos hacerlo, debemos hacerlo, así que será muy profunda y acelerada”, indicó Maduro durante el anuncio.
El abogado penalista Joel García, defensor de varios de los denominados presos políticos, duda que esta medida solucione el problema de fondo del sistema de justicia en el país.
“Lo que se está haciendo es una puesta en escena, ese cambio de narrativa es para hacer ver de que en Venezuela hay intenciones de hacer justicia, y de perseguir, investigar y sancionar a todos los que cometieron crímenes de lesa humanidad, y por supuesto, uno de los graves problemas de Venezuela es el sistema de justicia, precisamente en esos tribunales esos jueces han sido copartícipes de estas violaciones a los delitos de lesa humanidad”, apuntó García.
Por su parte, el integrante de la organización denominada “mesa social de Caracas”, Adnan El Asmar, integrada por varios gremios de la sociedad, consideró como insólita la puesta en marcha de esa medida.
“Nosotros, la comunidad de Caracas, cuando vemos que este presidente nombra la comisión de restructuración a un señor que está requerido por la justicia internacional, acusado por narcotráfico ¿qué justicia puede haber en el país? Es una decepción total”, indicó El Asmar.
Los especialistas coinciden en que una de las principales fallas del poder judicial es que aunque la Constitución establece que la carrera judicial debe hacerse a través de concursos de oposición públicos, actualmente, más del 85% de los jueces ocupan cargos de carácter provisional.
La ONG una Ventana a la Libertad registró, en su informe anual 2020, un 325% de hacinamiento en los centros de detención preventiva en Venezuela.
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