Los patrones de persecución que se viven en Venezuela desde hace varios años, se incrementaron drásticamente desde que fueron implementadas las medidas de confinamiento para hacer frente al COVID-19 y de acuerdo a diversas organizaciones no gubernamentales, los activistas de derechos humanos forman parte de la población más hostigada.
Consultada a propósito de la reciente persecución contra Alimenta la Solidaridad, una organización que, a través de comedores, garantiza la alimentación de al menos 25.000 niños en todo el país, la parlamentaria Manuela Bolívar, sostiene que se está registrando un elemento de mayor “restricción y persecución” sobre organizaciones que implementan programas humanitarios.
“Hoy no hay garantía para quien implementa programas humanitarios, es por ello que también hacemos un llamado a organizaciones de Naciones Unidas porque la emergencia humanitaria requiere autonomía y requiere neutralidad, hoy se requiere protección a los actores humanitarios y eso significa muy especialmente a quienes hoy desde las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales están implementando este tipo de programas”, subrayó Bolívar.
En tanto, Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización que brinda apoyo a personal sanitario, niños y madres del hospital infantil más importante del país y a quien recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le amplió medidas cautelares de protección ante la situación de riesgo que atraviesa, destaca que cada vez se vuelve más complejo el panorama en Venezuela.
“A inicios de este año nos allanaron nuestro centro de acopio el cual al final tuvimos que dejarlo y de verdad nos han pasado cosas muy fuertes este año”, detalla.
Recientemente el parlamentario electo en las cuestionadas elecciones legislativas del domingo, Diosdado Cabello, amenazó con impulsar leyes que podrían prohibir el financiamiento a organizaciones gubernamentales a las que acusa de conspiración.
Se trata de una situación que, para muchos activistas, vaticina una ola de ataques contra defensores de derechos fundamentales.
