El Gobierno venezolano se volvió a pronunciar en favor del empresario colombiano Alex Saab, solicitado por Estados Unidos. En esta oportunidad solicitó a las autoridades de Cabo Verde que cumpla su parte de “garantizar el derecho a la vida y debido proceso”.
Saab, cercano al Gobierno de Nicolás Maduro, está detenido en Cabo Verde desde el año pasado. Actualmente permanece en arresto domiciliario.
“Ante los planes de Estados Unidos para ejecutar el secuestro del Embajador Alex Saab, como parte de sus continuos ataques a la soberanía de nuestro país, Venezuela le hace un llamado a las autoridades de Cabo Verde para garantizar la integridad y seguridad del ciudadano venezolano bajo su custodia”, asegura un comunicado de la Cancillería venezolana publicado el miércoles.
Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en la nación africana cuando su avión hizo una parada técnica de camino hacia Irán.
Estados Unidos lo señala por presunto lavado de dinero y pide su extradición, decisión que estaría en manos Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde luego de que su defensa apelara la aprobación de la solicitud.
Venezuela alude a Saab como “embajador” y "enviado especial”.
En el comunicado, Venezuela recuerda la reciente petición de un comité de las Naciones Unidas de no extraditar a Saab mientras el caso “está bajo consideración”.
“Venezuela desea expresar su esperanza de que, a pesar de la enorme presión política, tanto dentro como fuera de la República de Cabo Verde, la honorable Corte Constitucional se mantendrá firme y hará justicia a nuestro Embajador Alex Saab”, indican el comunicado de la cancillería.
En una reciente entrevista exclusiva para la cadena de noticias CNN, el propio empresario colombiano calificó las acusaciones de lavado de dinero de “infundadas” y negó que fuese el “financista de nadie”.
Por su parte, el presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, descartó que él pudiese intervenir en el caso, pues “la opinión que cuenta es la opinión del Tribunal Constitucional”. Igualmente afirmó que “no tiene ningún sentido” ejercer presiones sobre los jueces.
El fiscal del país, Luis José Landim, también ha dicho que en este caso se han aplicado las leyes y la Constitución.
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