En un discurso televisado el 7 de abril, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez se hizo eco de las preocupaciones expresadas a principios de este año por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sobre la distribución desigual de las vacunas COVID-19 a nivel mundial. La vicemandataria prometió que Venezuela no repetiría lo que está pasando “en países ricos donde solo se vacunan los que tienen dinero para vacunarse”.
“Venezuela participa en el modelo de acceso universal y gratuito a la salud”, dijo Rodríguez, y agregó que “este también será el caso del proceso de vacunación”.
Su afirmación de que las personas en las naciones ricas deben tener dinero para recibir una vacuna es falsa.
Las disparidades en la distribución de las vacunas COVID-19 son reales. Según UNICEF, 130 países no habían comenzado a vacunar a sus poblaciones en febrero. Mientras tanto, EE.UU. ha vacunado a más del 22% de su población y ha comprado dosis suficientes para 750 millones de personas, mucho más de lo necesario.
Pero quienes reciben las vacunas COVID-19 no tienen que pagar por ellas, particularmente en países con sistemas de salud universales y gratuitos.
Japón, por ejemplo, aprobó un proyecto de ley en diciembre pasado que decía que el gobierno cubriría todos los costos de la vacuna COVID-19 para los ciudadanos japoneses. Sin embargo, el lanzamiento de la vacuna se ha retrasado, con solo el 0,5% de su población completamente vacunada, según datos de la Universidad Johns Hopkins.
En Francia, el primer ministro Jean Castex anunció en diciembre que las vacunas COVID-19 serían gratuitas para todos en el sistema de seguridad social del país, y que el gobierno había “destinado unos 1.500 millones de euros (1.820 millones de dólares) del presupuesto de seguridad social del próximo año para cubrir el costo”, informó Reuters.
En Estados Unidos, que carece de atención médica universal gratuita, el Congreso promulgó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES) en marzo de 2020, que requiere que las compañías de seguros paguen el costo de las vacunas COVID-19. En octubre, una regulación federal aclaró el mandato de cobertura de vacunas.
El gobierno se comprometió a “a garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso oportuno a una vacuna COVID-19 sin ningún gasto, sin importar su fuente de cobertura o si están cubiertos en todos”, establece el reglamento.
Requiere que los planes de salud y las aseguradoras cubran las vacunas incluso si fueron administradas por un proveedor fuera de la red. (En EE.UU., cuando los médicos, hospitales o proveedores aceptan un plan de seguro médico, están dentro de la red. Si no aceptan un plan, están fuera de la red).
Para aquellos que no tienen seguro, el gobierno federal de EE.UU., a través del Fondo de Ayuda para Proveedores de la Ley CARES (PRF), ha proporcionado fondos para reembolsar a los proveedores médicos los millones de dosis compradas por adelantado. Una vez que se agoten, el Congreso de los Estados Unidos tendrá que autorizar fondos adicionales.
En el Reino Unido, la vacunación solo se administra a través del Servicio Nacional de Salud, el sistema público de salud, y también es gratuita. Hasta la fecha, el Reino Unido ha vacunado a casi el 13% de su población.
Aunque los ciudadanos y residentes de estos países no pagan cuando reciben sus vacunas, es importante entender que, de alguna manera, ninguna vacuna es gratuita. El dinero de los contribuyentes paga la administración y distribución de vacunas. Aun así, Rodríguez se equivocó al afirmar que las personas solo pueden vacunarse si tienen el dinero para pagarlas.
A principios de abril, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela y la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales instaron a renovar los esfuerzos para vacunar a la población del país que considera un aumento en las infecciones.
Hasta la fecha, Venezuela ha recibido 750.000 dosis de vacunas de Rusia y China, informó Reuters. Las autoridades dicen que las dosis se han administrado al personal de salud.
Bloomberg informó el 14 de abril que el gobierno venezolano está "restringiendo las inyecciones de COVID-19 a las personas con una tarjeta de lealtad estatal, lo que excluye efectivamente a muchos opositores del gobierno de vacunarse".
La agencia de noticias escribió que la semana pasada, cuando la población anciana de Venezuela comenzó a ser vacunada, los beneficiarios fueron seleccionados "de un registro utilizado por la administración de Nicolás Maduro para controlar la lealtad de los votantes y otorgar subsidios estatales".
Según cifras oficiales, Venezuela tiene actualmente cerca de 179.400 casos de COVID-19 y más de 1.800 personas en el país han muerto a causa de la enfermedad.
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