Los activistas contra el fracking (fracturación hidráulica) en Colombia enfrentan amenazas y violencia cada vez mayores a medida que avanzan dos proyectos piloto de investigación para extraer petróleo y gas de campos no convencionales, dijeron cinco militantes de esos grupos, algunos de los cuales huyeron por temor a perder la vida.
Si bien en el país sudamericano aún no se realizan actividades comerciales de fracking, el máximo tribunal administrativo aprobó los proyectos piloto que recopilarán información científica para decidir si permiten la perforación.
Los partidarios dicen que el fracking es clave para apuntalar la producción, ya que podría casi que triplicar las reservas de crudo y gas de Colombia, mientras que los opositores denuncian los riesgos para la calidad del agua y la salud humana.
Tanto el proyecto Kalé como Platero, operados por la estatal Ecopetrol ECO.CN, que tiene como socio a la estadounidense Exxon Mobil Corp XOM.N, están ubicados cerca del municipio de Puerto Wilches, aledaño al río Magdalena en el departamento de Santander.
Los activistas contra el fracking dijeron a Reuters que las amenazas, la intimidación y los ataques de agresores desconocidos se han disparado desde febrero, tras una audiencia pública sobre la licencia ambiental del proyecto Kalé.
Los activistas acusan a Ecopetrol de señalar de vándalos a los manifestantes, después de que la empresa denunció lo que calificó como "actos de vandalismo" durante la audiencia de febrero.
Ecopetrol dijo en un comunicado que ha rechazado públicamente la violencia contra los activistas y aseguró que continuará con la debida diligencia para identificar a cualquier trabajador, socio, proveedor o contratista que actúe ilegalmente.
Exxon respondió a Reuters que está "comprometida con realizar negocios de una manera que sea compatible con las necesidades ambientales y económicas de las comunidades en las que operamos".
Reuters se acercó a cinco asociaciones que representan a las empresas de petróleo y gas, incluidos los contratistas, para obtener comentarios. Tres no respondieron, mientras que dos dijeron que contactarán a Ecopetrol.
Las amenazas contra los activistas son comunes en Colombia, que en 2019 y 2020 fue el país más mortífero para los defensores ambientales y de la tierra, según el grupo de campaña Global Witness.
Las amenazas obligaron a dos de los activistas a abandonar la ciudad este año, incluida Yuvelis Natalia Morales, de 21 años, quien huyó a Francia después de que ella y sus guardaespaldas fueran perseguidos por hombres en una motocicleta en Puerto Wilches.
Previo a ese incidente de febrero, Morales -miembro del comité Aguawil, un grupo que busca proteger las fuentes de agua- dijo que recibió varias amenazas de personas que se acercaban a su casa.
Un día acababa de salir de casa con dos guardaespaldas proporcionados por una coalición anti-fracking, cuando recibió un mensaje aterrador.
"Me escribe mi mamá dos minutos después diciéndome: Mami acá hay dos manes armados buscándola y están en una moto de alto cilindraje", dijo Morales. "Y bueno, todo esto ya empieza a parecer como de película".
Morales relató que junto con sus guardaespaldas recorrieron el municipio para tratar de escapar de los perseguidores.
No pudieron ir muy lejos porque los rebeldes del izquierdista Ejército de Liberación Nacional, que actúan localmente, habían prohibido a los ciudadanos salir ese fin de semana.
La policía local tardó más de una hora en llegar a un hotel donde buscaron refugio, dijo Morales, quien aseguró que no le tomaron declaración pero le pidieron que firmara un documento que confirmaba que habían hablado con ella.
La policía regional del Magdalena Medio confirmó que los agentes encontraron a Morales y los guardaespaldas en un hotel, y señaló que respondieron a los informes "inmediatamente" y dispusieron medidas de protección.
Temblando de miedo
Al proyecto Kalé se le otorgó su licencia ambiental, pero un juzgado la suspendió la semana pasada luego de dictaminar que ciertas comunidades cercanas no fueron debidamente consultadas, mientras que Ecopetrol anunció que apelará la decisión.
Los permisos aún están pendientes para el proyecto Platero.
La Fiscalía General de la Nación ha recibido 33 denuncias de amenazas contra activistas en Puerto Wilches y Barrancabermeja, una ciudad cercana, de las cuales 12 casos siguen activos, dijo el organismo a Reuters en un comunicado.
La entidad precisó que se archivaron tres casos y 17 se consideraron inactivos porque hay evidencia de que están conectados con otros delitos. En uno de esos casos la víctima retiró su denuncia.
Leonardo Gutiérrez Reyes, de 66 años, productor de aceite de palma y miembro antifracking del comité que evalúa los proyectos piloto, dijo a Reuters que una llamada reciente lo dejó temblando de miedo.
"Me dijeron que si seguía jodiendo (molestando), si seguía con ese tema, me van a joder, me van a matar", relató.
La Fiscalía General solicitó protección para Gutiérrez luego de las amenazas.
La unidad gubernamental que brinda seguridad a los activistas no hizo comentarios en detalle, pero Gutiérrez dijo que la solicitud fue denegada.
Otros activistas también denunciaron llamadas telefónicas amenazantes, mensajes de texto, intimidación y ataques.
"Los ambientalistas han denunciado en reiteradas ocasiones que las autoridades desestiman sus denuncias de amenazas y no les dan una protección adecuada", dijo Juan Pappier, investigador principal para las Américas del grupo de defensa Human Rights Watch.
Morales se reunió en marzo con el presidente Emmanuel Macron como parte de una iniciativa del gobierno francés para proteger a los defensores de derechos humanos que han enfrentado amenazas.
"Han sido los peores días de mi vida, pero irónicamente también son los mejores porque estoy viva", dijo.
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