En Ecuador continúa la inestabilidad en los centros penitenciarios. Tras la matanza de 79 personas en tres cárceles provocada por bandas involucradas en el narcotráfico la policía tuvo que regresar otra vez al centro de rehabilitación de Guayaquil.
Las bandas amenazaron a las autoridades a través de videos difundidos por las redes sociales que ponían condiciones y exigían la renuncia del subdirector de Rehabilitación Social, Orlando Jacome, quien finalmente dejó el cargo.
Itania Villareal, exdirectora del Penal García Moreno de Quito, dijo que hay que actuar de inmediato y “proceder a reubicar a estas bandas delincuenciales”.
Ricardo Camacho, exsubdirector de Rehabilitación Social considera que hay cosas prácticas que no se están haciendo para controlar la seguridad.
“Las armas ingresan por la basura, ingresan por los camiones de los alimentos”, dijo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU han llamado la atención al gobierno ecuatoriano, señalando que el Estado debe “garantizar los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de los privados de la libertad”.
También instaron a iniciar una “investigación de oficio”, que se incremente la seguridad y se prevenga “el accionar de organizaciones criminales intramuros”.
Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) prometió “poner a órdenes de las autoridades judiciales a quienes idearon esta acción”.
