WASHINGTON, D.C. / BOGOTÁ - La posible visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia, para revisar las denuncias de violaciones de derechos humanos en el país en medio de las protestas, ha generado polémica desde que el pasado lunes, cuando la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, señaló que “por ahora” no se haría la visita de verificación.
Luego de una reunión con la vicepresidenta de Colombia, el organismo dijo en un comunicado que el gobierno colombiano se ofreció programar una visita sólo después de que se celebre una audiencia pública sobre la situación de derechos humanos en Colombia el 29 de junio.
El miércoles, en una rueda de prensa, las apreciaciones de la canciller dieron un giro, pues señaló que la fecha de esta visita depende de la propia organización.
“Estamos listos para esa visita. Si ellos quieren venir y anticipar la audiencia del 29 de junio y la hacen mañana, no tenemos ningún problema en que vengan al día siguiente a Colombia”, afirmó la funcionaria, en una rueda de prensa en Estados Unidos, donde adelanta una extensa agenda de trabajo.
El manejo que se le ha dado a a este tema ha sido punto de debate, pues algunos analistas consideran que la visita debería hacerse cuanto antes para verificar la situación en las protestas y urgen al gobierno del presidente Ivan Duque a que permita entrar cuanto antes al organismo.
La CIDH ha insistido en que desea visitar Colombia “a la mayor brevedad posible” y ha expresado su preocupación por las denuncias de violaciones a derechos humanos por parte del estado colombiano.
El organismo hizo el miércoles eco de las denuncias en un comunicado pidiendo a Colombia respetar la libertad de expresión y cumplir con estándares sobre el uso debido de la fuerza. La comisión reportó que en al menos 1.038 de las 9.623 protestas que se han registrado en todo el país, “se habrían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza”.
Para que la CIDH pueda entrar en Colombia es preciso la aprobación del gobierno. Dilatar el visto bueno genera dudas en medio de un ambiente de tensión social donde la sociedad exige transparencia por parte del estado, sostienen varias fuentes consultadas.
Tras una reunión entre la canciller y el director para las Américas de la organización Humans Right Watch, José Miguel Vivanco, el jefe del organismo señaló que expuso las graves violaciones de derechos humanos y que la canciller se coprometió a garantizar la visita de la Comisión.
Antes de la reunión con la canciller, Vivanco dijo a la Voz de América: “Yo creo que el gobierno de Colombia está cometiendo un grave error”.
Vivanco señaló al gobierno del presidente Iván Duque por alejarse de los organismos internacionales y dijo que el país se beneficiaría si les abre las puertas “para que puedan hacer una evaluación objetiva a tiempo y no cuando la crisis ya está prácticamente superada”.
“La posición del gobierno de dilatar la autorización para que la comisión pueda entrar al país y a la vez con un cierto grado de incertidumbre es muy reveeladora de la desconfianza que tiene hacia los órganos internacionales de promoción y protección de derechos humanaos”, aseguró el experto.
Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la CIDH, explicó a la VOA que “en general” los estados suelen respetar la voluntad de la CIDH porque “si la comisión deja de ingresar en el momento oportuno (…) puede perder la oportunidad de verificar cuestiones que ella quiere mirar en aquel momento”.
El jurista, que lideró la CIDH del 2016 al 2020, opina que la decisión de Colombia de dilatar el viaje de la comisión genera serias dudas sobre la transparencia de esta crisis”.
Colombia había dicho a la CIDH que, una vez se celebre una audiencia pública sobre la situación de Colombia —que es de rutina durante uno de los cuatro periodos de sesiones anuales de la comisión—, la comisión pasaría a Colombia una propuesta de “cuántas personas, cuántas visitas y se va a acordar la fecha con ellos”.
El gobierno colombiano también había dicho que esperaría a que se completaran las investigaciones internas sobre las denuncias de abuso antes de permitir la entrada de la CIDH.
Abrão reaccionó a estas declaraciones asegurando que “el mandato de monitoreo de la comisión es complementario y es autónomo. Y ocurre en paralelo a la labor de las instituciones nacional”.
Denuncias de violaciones a derechos humanos
Alejandro Lanz, codirector Ejecutivo de la ONG Temblores, organización que ha documentado la violencia policial desde el comienzo de las protestas, señaló que ven con “mucha preocupación” el tema, en caso de que se dilate la visita la CIDH al país.
Argumentó que es una decisión que genera cuestionamientos: “¿Cuál es el temor por parte del Estado colombiano de recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando además hay un comparativo directo de algo que sucedió con las mismas circunstancias hace poco en Venezuela?. Además recordó que "de hecho la CIDH fue recibida por el Estado colombiano en Cúcuta y en Bogotá, para poder documentar hechos de violencia por parte de migrantes venezolanos".
Según Lanz, hay una serie de prácticas que han sido recopiladas por la organización que deben ser documentadas en estos momentos: “Desde las organizaciones de la sociedad civil, hemos intentado y nos hemos encargado de poder en tiempo real producir información, hacer las alertas que no está haciendo el Estado colombiano y el Ministerio Público, y es por eso que creemos que es indispensable y crucial que la visita sea en el momento en que está sucediendo la crisis”.
El activista y defensor de derechos humanos además señala que esta visita de verificación podría darle más claridad a la situación en el país, atraer la atención internacional y permitir contrastar y verificar las cifras, y agrega que el “gobierno nacional no ha dado una luz de desescalada de la violencia ni de diálogo con quienes están saliendo a las calles a manifestarse”.
Francisco Maltés, vocero del Comité Nacional del Paro coincide con esta lectura, explicando que el retraso en permitir la entrada de la CIDH es producto de un cálculo político.
“A finales de junio, el Gobierno está considerando que ya ha pasado el paro nacional, que ya ha se ha olvidado lo que ha sucedido y que puede quedar bien con la Comisión Interamericana y la comunidad internacional”, aseguró.
“Los muertos son muertos y hoy o mañana haremos la denuncia”, agregó Maltés, que expresó además sus “dudas” sobre las investigaciones de la justicia colombiana con respecto a las muertes y los heridos.
"La justicia en Colombia es bastante lenta y no hay un interés del Gobierno en aclarar algunos crímenes", afirmó.
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