Reunión CIDH y vicepresidenta
Imagen de la reunión de la vicepresidente y canciller, Marta Lucía Ramírez, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Palacio de San Carlos, el lunes 7 de junio. [Foto: Cortesía Vicepresidencia Colombia]

BOGOTÁ - La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, recibió este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llegan al país para dar seguimiento a las graves denuncias de abuso por parte de la fuerza policial, en el marco de las protestas y el paro nacional que comenzó el pasado 28 de abril.

Así lo confirmó un comunicado de prensa de la vicepresidencia. "[La CIDH visita Colombia] para escuchar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a todos los sectores afectados", indicó el texto.

La reunión de Ramírez y la comisión tuvo lugar a las 8 de la mañana en el Palacio de San Carlos. Se trató de una audiencia privada solicitada por el Estado Colombiano a la CIDH.

Al terminar la reunión,  la vicepresidenta señaló que fue una reunión de instalación de la audiencia privada solicitada por Alejandro Ordoñez, embajador de Colombia ante la OEA en nombre del Gobierno. "Esta audiencia tiene por objeto que las entidades de control... puedan entregarle a los comisionados" un informe de lo que ha sucedido en Colombia, donde "bajo el asedio de unos grupos minoritarios que se han aprovechado de la protesta válida de mucho jóvenes para generar desconcierto, caos, destrucción".

Más temprano, Ramírez afirmó que Colombia tiene "una institucionalidad que funciona" y que ha estado "sometido durante sis semanas a una destrucción sin ninguna razón de ser".

"Tenemos un Estado que será siempre garante de los derechos de los colombianos a protestar, pero eso es totalmente distinto a lo que hemos visto: el vandalismo, la destrucción y desafortunadamente grupos minoritarios que se han escondido dentro de esta protestas estando armados para destruir y para generar el caos", señaló la vicepresidenta.

En la reunión participaron el Consejero Presidencial para la estabilización y vocero de las conversaciones entre Gobierno y Comité Nacional del Paro, Emilio Archila. La Consejera de DD.HH., Nancy Patricia Gutiérrez, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mejía, y el Embajador de Colombia ante la OEA.

La presidente de la CIDH, Antonia Urrejola, estuvo acompañada por los comisionados Stuardo Ralón y Joél Hernández.

La comisión dio paso más tarde a audiencias privadas con las autoridades encargadas de presentar los informes de las investigaciones y las medidas adoptadas durante las violentas jornadas en Colombia.

El martes, la CIDH se reunirá varios ministros y funcionarios del Gobierno. La visita también incluye un viaje a las ciudades que se han visto altamente impactadas por los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, y por los actos violentos: Cali, Popayán, Tuluá y Buga. Allí se reunirá con autoridades locales y la sociedad civil, hasta el próximo jueves.

Las expectativas

Las organizaciones de la sociedad civil en Colombia han denunciado abuso y exceso de la fuerza pública en contra de los manifestantes, y falta de independencia en las autoridades locales. Razón por la que urgieron al país la visita de un organismo independiente, como lo es la CIDH.

La ONG temblores, una de las organizaciones que ha documentado las violaciones a los derechos humanos, en Colombia durante las protestas, señala que desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo, se han identificado 3.789 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública (sin incluir casos de desapariciones).

Entre ellas se han identificado 1.248 víctimas de violencia física, 45 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, 1.649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 705 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 65 víctimas de agresiones oculares, 180 casos de disparos de arma de fuego, 25 víctimas de violencia sexual y 6 víctimas de violencia basada en género.

Alejandro Lanz, codirector de la organización, señaló a la Voz de América que esta visita de verificación podría darle más claridad a la situación en el país, atraer la atención internacional y permitir contrastar y verificar las cifras.

Según el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad DeJusticia, la premisa de la visita de la comisión es "dialogar, observar la situación de derechos humanos en el país y recibir información proveniente de distintos sectores de la sociedad colombiana" y aclaró a través de Twitter que, aunque la visita "no se trata de una solución definitiva a la crisis, el diálogo es la herramienta principal para desescalar las tensiones".

"Es necesario crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia" que garanticen "imparcialidad, autonomía e independencia para esclarecer los crímenes y garantizar que estos no queden en la impunidad", indicó.

León Valencia, Director de la Fundación Paz y Reconciliación, dice que "la situación es inocultable. Hay más de 5000 hechos de violencia en medio del paro del Estado contra los manifestantes. En esos hechos de violencia, han perdido la vida 67 civiles y cuatro miembros de la fuerza pública. Hay 11 desaparecidos y personas heridas por miles. Ha sido grave o que ha ocurrido en Colombia".

"Hay clamor de muchos organismos de Colombia y el mundo pidiendo que cese esta violencia", dijo sobre la visita de la CIDH. Espera -dijo- "que registren objetivamente lo que ha ocurrido" y que "pongan un granito de arena para forzar al gobierno colombiano, al Comité del paro y a todos los manifestantes a buscar un acuerdo" para que frene la violencia y se generen cambios.

Valencia también manifestó que el Gobierno necesita de esta visita para escuchar "otras voces, otra gente que le hable a su oído".

Las cifras del Ministerio de Defensa, con corte al 6 de junio señala que 18 civiles han fallecido durante las protestas. Nueve personas se encuentran en proceso de verificación para confirmar si han tenido relación con las movilizaciones y 19 no guardan relación alguna con la coyuntura. Han confirmado la muerte de dos policías y lesiones a 1.274 uniformados.

"No queremos que haya ningún caso que quede en la oscuridad y en la incertidumbre. Que la justicia investigue todos los casos. Acá no puede haber personas desaparecidas”, dijo Ramírez la pasada semana.

La situación en Colombia ha generado alarma internacional y recomendaciones al Estado colombiano de parte de organismos defensores de los derechos humanos.

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