La esperanza de vida de las mujeres trans en Latinoamérica es aproximadamente la mitad que la de las personas cisgénero —que se identifican con el género que se les fue asignado al nacer— a pesar de que más países de la región hayan promulgado leyes o medidas para reconocer el cambio de género y proteger a la comunidad de la discriminación.
En los últimos 10 años, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Chile han reconocido el cambio de género en los documentos de identidad, elevando a 10 la cifra de países en la región que lo aceptan. Además, Ecuador, Bolivia y México incorporaron a sus constituciones la prohibición de la discriminación a la comunidad LGTBQ —lesbianas, gays, transgénero, bisexuales y queer.
A pesar de estos avances, la esperanza de vida para las mujeres trans en Latinoamérica es de 30 a 35 años, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En contraste, la esperanza de vida en Latinoamérica para los hombres cisgénero es de 72 años y para las mujeres cisgénero de 78, según datos del Banco Mundial.
La violencia y la discriminación ejercida hacia las personas trans desde temprana edad, como consecuencia de la expresión de sus identidades de género, las coloca en una situación de especial vulnerabilidad, según la CIDH.
El organismo explica que las personas trans enfrentan “pobreza, exclusión social y altas tasas de inaccesibilidad a la vivienda, presionándolas a trabajar en economías informales altamente criminalizadas, como el trabajo sexual o el sexo por supervivencia”.
Solo en el 2021, al menos 287 personas trans y de género diverso fueron asesinadas en el continente, según Amnistía Internacional. La pandemia fue uno de los factores que contribuyó al aumento de la violencia hacia las mujeres, especialmente las trans en la región, de acuerdo con un informe del Centro de Documentación de la situación Trans de América Latina y el Caribe.
“El aislamiento obligatorio y los toque de queda han sido el contexto oportuno para esta situación de extrema violencia que viven las mujeres (cis) de la región, especialmente las mujeres Trans”, indica el informe.
Ante este panorama, las personas transgénero tienen más probabilidades de sufrir migración forzada, según explicó a Voz de América Rodrigo Heng-Lehtinen, vicedirector ejecutivo del Centro Nacional para la Igualdad Transgénero, una organización basada en la capital de EE. UU.
“Las personas transgénero tiene más probabilidades de [ser forzadas] a escaparse que las personas que no son transgénero”, dijo a la Voz de América.
“La discriminación [que ya de por si] sufren las personas trans se intensifica al migrar, cuando estás en una situación vulnerable como estar en un país extranjero”, explicó a Voz de América Heng-Lehtinen.
No hay datos oficiales que estipulen la cantidad de personas LGTBI que solicitan asilo en Estados Unidos cada año. Un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles — usando datos de las entrevistas iniciales que realizan las autoridades migratorias—estima que se presentaron 11.400 solicitudes de asilo en EE. UU. en base a estatus LGBTI entre 2012 y 2017.
Más de la mitad (51%) de las solicitudes encontradas por el estudio eran de ciudadanos del Triángulo Norte y un 12% de mexicanos. La ley estadounidense concede asilo a personas con base en la persecución o el miedo de persecución debido a la “raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política”. Las cortes federales han reconocido que la orientación sexual y la identidad de género entran dentro de la categoría de pertenencia a un grupo sociales.
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