El ecosistema venezolano ha profundizado las estrategias de adaptación a un contexto represivo y se ha instrumentalizado el miedo, asegura Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), organización que trabaja en pro del acceso a la información y la libertad de prensa.
Balbi recuerda que en 2021 se registraron más de 400 alertas de casos de restricción a la libertad de expresión en Venezuela, un 11 % menos en comparación con el año anterior, cifra que, asegura, no significa que la situación esté mejorando.
“Es ese miedo a expresarse que ha llevado a que justamente se imponga la censura, la autocensura porque está haciendo efecto esa amenaza latente y permanente de violencia en contra de las voces críticas”, expuso el miércoles en un conversatorio a propósito del Día Internacional del Acceso Universal a la Información.
La investigadora subrayó que según datos del “Informe Sombra” 2021, un estudio elaborado por organizaciones de la sociedad civil que monitorea la situación de libertad de expresión, libertad de prensa y derecho al acceso a la información en América Latina, entre ellas IPYS, la estigmatización y criminalización de periodistas ha aumentado considerablemente en el país.
También lea ¿Qué dice EEUU sobre supuesta migración de ex-presos venezolanos a su frontera con México?La situación, asegura Balbi, se traduce en una “evasión informativa” que aumenta cada vez más, especialmente en ciudades del interior de Venezuela, donde se vive en medio de “precariedad y vigilancia”.
Carlos Correa, director de Espacio Público, una ONG que busca promover y defender los DDHH y, en especial la libertad de expresión, reitera que en Venezuela se documenta un “patrón estatal” de restricción a la libertad de expresión que básicamente busca “construir el miedo”.
“Que tengas miedo a decir y por lo tanto a las consecuencias”, insistió en el mismo espacio de conversación, tras precisar que entre 2002 y el 2022 más de 300 medios de comunicación cerraron en el país.
Sin garantías de acceso a la información
El año pasado, la Asamblea Nacional (AN) de mayoría chavista aprobó en segunda discusión una Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, que para la
organización Transparencia Venezuela, no asegura el cumplimiento del ejercicio del derecho humano de acceder a la información pública.
“Todo lo contrario, lo limita y además parte de conceptos contrarios a la Constitución y a los tratados de estándares internacionales por lo que está condenada a su inaplicación”, reaccionó el año pasado Transparencia Venezuela que, además, calificó el proceso como una “formalidad” que atendió a una recomendación de la ex Alta Comisionada para DDHH de la ONU, Michelle Bachellet.
En un contexto democrático, los ciudadanos deben ser sujetos “activos” en el reclamo de rendición de cuentas, la transparencia en la gestión pública y, en general, el acceso a la información pública, lo que, de acuerdo a distintas organizaciones, se vulnera en Venezuela.
“Hicimos un monitoreo de solicitudes de información que no son respondidas en ningunos de los casos. Hay una falta de transparencia activa en el sentido de que no hay actualización de las páginas de las instituciones públicas donde están obligados a darle al ciudadano la información y los datos de cada uno de los ámbitos del ejercicio público”, precisó Balbi.
En ese sentido, insiste en que el derecho del acceso a la información es “la otra cara” de la libertad de prensa y expone que “no hay posibilidad” de contrastar la información oficial que se da de manera unidireccional.
“Desaparecieron las ruedas de prensa como espacio para proporcionar información a periodistas y medios (…) hay muchísimo temor de voceros independientes a las represalias que pueda haber por parte de medios públicos, un constante impedimento de acceso a las instituciones, desde los hospitales, cualquier tipo de institución pública tiene una restricción férrea al acceso a los periodistas”, dijo.
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Venezuela: Censura información sanciones
En sus recientes informes, Bachelet, expresó preocupación por violaciones al derecho de acceso a la información, “las restricciones al espacio cívico” y en particular por la “estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes” en Venezuela.
Constantemente el gobierno venezolano cuestiona a sectores que lo señalan de coartar la libertad de expresión y de prensa en el país.
Recientemente el presidente Nicolás Maduro dijo que en internet hay libre circulación de información y negó que páginas como Infobae, que ha mostrado una posición crítica contra el gobierno estén bloqueadas. Sin embargo, distintas organizaciones han denunciado en reiteras oportunidades que decenas de portales web, entre ellos Infobae, se encuentran bloqueados por órdenes gubernamentales.
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