"Liberen a Rocío, liberen a Rocío", coreaban este martes decenas de manifestantes en el exterior de la embajada de España en Caracas.
El grupo, en el que habían activistas de derechos humanos, políticos y miembros de la sociedad civil, solicitaba al gobierno español que interceda por la liberación de la activista Rocío San Miguel, de 57 años, abogada y experta en asuntos militares que fue arrestada en Venezuela la semana pasada.
También lea Venezuela: acusan de “espía” a activista de DDHH Rocío San MiguelSan Miguel, de doble nacionalidad, venezolana y española, fue acusada por la Fiscalía de Venezuela de "traición a la patria", "terrorismo" y "conspiración", al vincularla "de manera directa" con un supuesto plan para asesinar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
“Queremos insistir (al gobierno de España) en que no desista en la protección que los obliga por sus vínculos consulares, siendo Rocío y su familia españoles y venezolanos, para que se garantice el debido proceso”, dijo Lexys Rendón, coordinadora de Laboratorio de Paz, antes de entregar un documento a los diplomáticos.
Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero y acusada de estar vinculada a una supuesta conspiración para matar al presidente Nicolás Maduro.
El exesposo de San Miguel, el coronel retirado Alejandro José Gonzales, fue también detenido bajo sospecha de "revelación de secretos políticos y militares".
El lunes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, tildó a San Miguel de “espía” y la acusó de compartir información de seguridad nacional con un embajador extranjero.
Saab aseguró que San Miguel tenía en su poder 18 mapas cartográficos donde se detallan varias instalaciones militares y sus respectivas zonas de seguridad.
Los manifestantes pedían al gobierno el cierren de "centros de tortura".
El funcionario resaltó que la demarcación de ese tipo de zonas son consideradas datos de inteligencia reservados al Estado.
Rendón, de Laboratorio de Paz, dijo que durante 2024 aumentó la "represión".
“Sabíamos y advertimos que este iba a ser un año bastante conflictivo, que es parte de un ciclo represivo del Estado venezolano, que ha implementado cada vez que hay elecciones”, dijo Rendón a la Voz de América.
El lunes, San Miguel pudo ser visitada por su hija en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), en El Helicoide, en Caracas, informó el abogado Joel García.
La ONG venezolana especializada Foro Penal contabiliza 263 "presos políticos", 19 de ellos son mujeres.
“A pesar de la injusta privación de su libertad, (San Miguel) se encuentra fortalecida y muy confiada de su inocencia. (Dice) que no existe nada que la comprometa en los delitos que les imputan”, indicó el jurista.
El abogado Juan Carlos González precisó que San Miguel pudo compartir con su hija “por cerca de tres horas”.
“Reitera su inocencia, fuerte en sus convicciones, y reclama que no se le ha permitido designar abogados de su confianza”, escribió en sus redes sociales.
San Miguel es la presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, especializada en leyes y compras militares. Fue detenida el 9 de febrero cuando se disponía a viajar al extranjero junto a su hija, quien también fue arrestada pero quedó en libertad condicional.
La detención causó preocupación en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como en Estados Unidos y la Unión Europea.
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