El adelanto de las elecciones generales para este año no encuentra consenso en Perú. Este viernes 10 termina la primera legislatura del período 2022-2023 en el Congreso, donde ha sido imposible establecer una fórmula que permita recoger el pedido de más del 70 % de la población, según recientes encuestas de las empresas CPI y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que desea ir a las urnas a resolver la crisis política.
Inicialmente, el 20 de diciembre de 2022, con 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención salió adelante en una primera instancia la propuesta de comicios generales en abril de 2024. Faltaba una segunda votación de la reforma, que establecía elegir a un nuevo jefe de Estado, 130 congresistas y cinco integrantes del Parlamento Andino.
Sin embargo, las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte no cesaron y se intensificaron durante enero. Según la Defensoría del Pueblo, 59 personas perdieron la vida en medio de los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y la Policía en Lima y regiones del sur del país. Además, se reportan más de 1.000 heridos y 68 carreteras bloqueadas.
Además, el Instituto Peruano de Economía (IPE) informó que las paralizaciones provocan que se pierdan millones de soles diarios y advirtió sobre el riesgo de caer en una recesión.
Los sectores más comprometidos con la falta de actividad económica son el turismo, la producción, el comercio, la minería, la salud y más. Unas 300 empresas son afectadas según un reporte de la Sociedad Nacional de Industrias.
Debido a las cifras negativas, los parlamentarios retrocedieron en su decisión y volvieron a discutir la fecha del adelanto de las elecciones.
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La semana pasada se discutieron tres fórmulas sin éxito.
El congresista Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, propuso que la presidenta Boluarte convoque a los comicios generales complementarios para diciembre. De esta manera se quedaría hasta el 30 de abril del 2024 y su sucesor asumiría las riendas el 1 de mayo.
El nuevo presidente peruano se mantendría hasta el 28 de julio de 2026. Así cumpliría el período 2021-2026, para el cual fue elegido el encarcelado exmandatario Pedro Castillo.
Los actuales congresistas se quedarían hasta el 29 de abril de 2024. Sus sucesores asumirían el 30 de abril y permanecerían hasta el 26 de julio de 2026. También tendrían la posibilidad de postularse otra vez a pesar de que la reelección no está permitida desde 2018.
Por estos detalles, la propuesta obtuvo 68 votos en contra, 54 a favor y dos abstenciones.
Tras el fracaso de esta iniciativa se presentó un segundo proyecto impulsado por el partido izquierdista Perú Libre que postuló a Castillo. En esta fórmula se incluía un adelanto electoral en octubre más una consulta a la población si deseaba la instalación de una Asamblea Constituyente. Los parlamentarios rechazaron la idea con 48 votos a favor, 75 en contra y una abstención.
Finalmente, el gobierno propuso el viernes que los comicios fueran en la segunda semana de octubre. El Jurado Nacional de Elecciones también aportó un cronograma con el fin de que el Ejecutivo y el Parlamento se renueven el 30 de diciembre y el 1 de enero de 2024. No obstante, tampoco hubo respaldo y se mandó al archivo.
De esta manera, tres días pasaron sin que se pudiera dar alguna solución, con las calles aún agitadas por manifestantes más radicales, que se han visto atacar comisarias, incendiar locales de instituciones públicas y privadas, cerrar mercados y bloquear carreteras.
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El constitucionalista Omar Cairo sostuvo en diálogo con la Voz de América que hay diferentes escenarios para el adelanto de las elecciones en Perú.
“En primer lugar es que se plantee una reconsideración de la votación que archivó la propuesta del gobierno y se debata por última vez esta semana por el Pleno del Congreso, donde los 130 integrantes tendrán que decidir si lo aprueban o no”, indicó.
El especialista agregó que lo segundo que podría pasar es no haya cambio alguno al cierre de la legislatura y el proyecto se discuta en agosto. “Esto supondría que los parlamentarios y el Ejecutivo se mantengan en sus cargos con el riesgo de que las movilizaciones puedan crecer más”, alegó.
Tercero, añadió, es que “la moción de vacancia contra Boluarte avance hasta conseguir los 87 votos que provoquen su destitución”. En enero se presentó un documento firmado por los partidos de izquierda que responsabilizaba políticamente a la mandataria por las más de 50 muertes durante los dos meses de protesta en el país.
Por último, que la presidenta Boluarte renuncie al cargo. Sin embargo, ella ha reiterado en varias ocasiones que no va dejar el poder. “Si [Dina Boluarte] dimite, el presidente del Congreso tendrá que asumir el gobierno, pero solo para convocar a elecciones generales de acuerdo al artículo 115 de la Constitución”, finalizó Cairo.
Hasta el momento no hay una declaración del Ejecutivo sobre si insistirá o no con el adelanto electoral.
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