A través de audiencias públicas y bajo el asesoramiento de un ex fiscal de la Corte Penal Institucional, la OEA analizará la posibilidad de que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, dijo el secretario general, Luis Almagro, en una rueda de prensa.
El objetivo de las audiencias, que comenzarán en septiembre y se extenderán por dos meses, es realizar un informe con los países miembros de la OEA puedan denunciar al gobierno de Nicolás Maduro ante la CPI, dijo el ex fiscal, Luis Moreno Ocampo.
En ellas, afirmó Moreno, se oirán tanto a víctimas de supuestos crímenes de lesa humanidad como a miembros del gobierno venezolano, siempre y cuando decida participar.
El martes, un día antes de que el Consejo Permanente se reúna para tratar la crisis de Venezuela, el secretario general se reunió con Moreno en la sede de la OEA en Washington D.C.
“Las prácticas de tortura, los asesinatos de manifestantes, la interacción con agentes paramilitares ha sido sostenida [en Venzuela]”, dijo Almagro. “Es evidente a los ojos de la comunidad internacional que estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad”, añadió.
Por sí misma, la OEA no tiene la facultad de enviar un caso a la CPI, aclaró Moreno; esto solo lo pueden hacer los estados que ratificar el Estatuto de Roma, el Consejo de Seguridad de la ONU o el mismo fiscal jefe de la corte.
La idea de las audiencias es que la OEA recopile, organice y revise la información sobre los delitos de lesa humanidad en Venezuela para que luego alguno de los 28 estados miembros de la OEA que son también parte de la CPI denuncie al gobierno.
“Cualquiera de estos estados puede enviar individualmente el caso; lo pueden hacer de a cinco, a uno o los 28 juntos”, dijo Moreno.
La Corte se ocupa de cuatro tipos de crímenes: de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión, de acuerdo con el Estatuto de Roma. Se sospecha que en Venezuela se han cometido crímenes del tercer tipo, que incluyen encarcelaciones, torturas, desapariciones y persecuciones políticas.
Para que el caso de Venezuela vaya a la Corte, dijo Moreno, no solo es necesario que se hayan cometido este tipo de crímenes sino “que sean cometidos de forma organizada sistemática, por un grupo organizado, con una política y que no haya juicios ni investigaciones en Venezuela”. De ahí la importancia de que la OEA tenga las audiencias, recopile y organice la información.
La Corte Penal Internacional se creó en 1987 con el Estatuto de Roma y es el primer tribunal internacional permanente que se dedica a juzgar personas que hayan cometido crímenes de guerra, genocidios y delitos de lesa humanidad.
La CPI tiene competencia para juzgar este tipo de crímenes en los países que firmaron el Estatuto de Roma, entre ellos Venezuela.
Bajo la dirección de Moreno, quien fue el primer fiscal general, la CPI abrió investigaciones contra líderes políticos africanos como Muamar Gaddafi, de Libia, contra quien presentó cargos de crímenes contra la humanidad y el presidente de Sudán Omar Al-Bashir por el genocidio en Bafur.
Antes de llegar al organismo internacional, Moreno fue fiscal en su natal Argentina, donde obtuvo fama por su participación como fiscal adjunto en el juicio de las juntas, donde se juzgaron a militares de la dictadura por violaciones de derechos humanos.
El viernes pasado, Almagro declaró ante reporteros después de salir de una conferencia académica en Washington D.C. que planea denunciar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a los funcionarios de su gobierno involucrados en violaciones de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional.