El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) abordó este miércoles en plenario la toma de sus oficinas en Managua, con la mayoría de sus miembros condenando el hecho.
El secretario general, Luis Almagro, dijo que la ocupación de la sede por parte del gobierno nicaragüense “es un antecedente peligroso para Latinoamérica” que no ha ocurrido antes y que viola acuerdos de inmunidad diplomática que son similares a los de las embajadas, por lo que pidió medidas al respecto.
Almagro además expuso que el edificio, ahora en manos del Estado nicaragüense, ni siquiera era propiedad del organismo sino que era rentado. “Estamos frente a las más graves ilegalidades internacionales seguidas de medidas nacionales de las más disparatadas, que afectan a inocentes”, dijo Almagro.
Este miércoles se oficializó en La Gaceta la apropiación del edificio de la OEA por medio de la Procuraduría General de la República, la cual declaró de utilidad pública el edificio donde funcionaba el organismo.
En el lugar se creará un “Museo de la Infamia”, dijo la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en alusión a lo que -según ella- representa el organismo.
Almagro dijo que los eventos en Nicaragua con respecto a la OEA “no habían ocurrido antes, ni con los peores dictadores americanos, incluido los Somozas”.
“Jamás tomaron medidas como esta, esto abre un precedente que el día de mañana se puedan llevar más atropellos”, dijo.
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EEUU y secretario de la OEA piden acciones contra Nicaragua por confiscación de sede
EE UU: “Esto es una afrenta a la OEA como institución”
Diversos países condenaron la toma de la sede de la OEA. El representante de Estados Unidos en el organismo, Bradley Freden, declaró que el gobierno de Ortega “demuestra nuevamente su oposición a este consejo y al orden pacífico”.
Dijo además que las acciones eran una afrenta a la OEA como institución “y ante cada uno de nuestros gobiernos”, por lo que pidió medidas al respecto.
“No podemos hacer caso omiso de este grave acto si queremos preservar la capacidad del personal de la OEA de hacer su trabajo en el terreno en toda la región, a menudo bajo condiciones difíciles”, expuso.
“Tenemos que condenar esta acción con los términos más fuertes y enfáticos y considerar otras respuestas mas concretas”, agregó.
Oficiales de policía custodian la oficina local de la OEA cerrada por el gobierno de Nicaragua, el 25 de abril de 2022.
Por otro lado, el embajador de Canadá, Hugh Adsett, dijo estar sorprendido por la incautación de las oficinas de la OEA y manifestó que la situación en Nicaragua sigue en deterioro y “el régimen ha ignorado los esfuerzos de diálogo”.
“Estas violaciones a los convenios incidirán en las relaciones del régimen con los países miembros y hay que responder a esto”, puntualizó Adsett.
Alejandro Ordóñez Maldonado, representante permanente de Colombia, condenó la toma del edificio y expresó que el “régimen nicaragüense ha incurrido claramente en un hecho ilícito”, y agregó que “debe reparar el daño causado”.
Perú también se sumó a las críticas y por medio de su representante, Harol Forsyth, quien dijo que lo ocurrido “nunca se habia visto”.
“No tengo memoria de un hecho como este, tampoco de una declaratoria de un non grato de un nuncio diplomático”, indicó en referencia al enviado del Vaticano que fue expulsado de Nicaragua recientemente.
“Lo que estamos viendo es lo más parecido que hemos visto a una película”, cuestionó.
“La dictadura de Nicaragua sufre una demoledora derrota moral y política”
Las reacciones tras el foro no se hicieron esperar. Arturo McFields, quien hasta hace un mes era representante de Ortega en la OEA y luego le dio la espalda, escribió en Twitter que el gobierno nicaragüense sufrió “una derrota moral y política” en el foro debido a que “las Américas han dicho a una sola voz que no están de acuerdo a la confiscación de bienes”.
“El asalto a la sede de la OEA ha sido repudiado categóricamente y se ha cuestionado estas acciones delincuenciales. Se ha violentado la Convención de Viena y acuerdos internacionales”, dijo McFields.
Nicaragua vive una de sus peores crisis políticas desde el año 2018, en que tuvieron lugar unas manifestaciones en contra del presidente Ortega, las cuales fueron reprimidas con violencia, dejando más de 300 muertos.
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