Ecuador destacó la cooperación de instituciones y expertos de Estados Unidos, Colombia y otros países en la investigación del atentado con coche bomba, el sábado, al cuartel de policía de San Lorenzo, en el norte del país.
El ataque, ocurrido el sábado a la 1:40 de la madrugada, dejó 28 personas con heridas leves y el comando policial semidestruido. 37 casas vecinas al comando quedaron destruidas hay otras 204 afectadas.
Sus residentes unas 100 personas, entre niños, jóvenes, adultos y ancianos, se refugiaron en la Iglesia de San Lorenzo y otras 50 están en casas de acogida, informa el diario El Comercio, de Quito, el cual señala que el gobierno anunció que estudia un plan de desarrollo de viviendas para los damnificados.
El presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción por 60 días en los cantones vecinos de San Lorenzo y Eloy Alfaro, y se ha reforzado la presencia militar y policial en el área con unos 1.000 uniformados.
Desde Washington, la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, condenó en nombre del gobierno de Estados Unidos el ataque al cuartel de policía de San Lorenzo en Ecuador y otro ataque anterior la semana pasada a la policía de Colombia.
Este lunes, personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) custodiaba la Fiscalía de San Lorenzo y sus alrededores tras una amenaza de bomba y de un presunto ataque a las instalaciones. La pequeña ciudad y sus afueras también está resguardada por el GIR, mientras los militares patrullan zonas fronterizas.
En Quito, durante una reunión con fiscales de América Latina, el fiscal general Carlos Baca, confirmó la presencia de peritos y expertos en explosivos de varios países.
En el encuentro se analizó la implementación de una Ley de Extinción de Dominio, que se usaría como herramienta legal en el combate al crimen organizado y la corrupción.
Baca afirmó que el crimen organizado busca "atentar contra el orden democrático de los pueblos", y citó como ejemplo el atentado terrorista en San Lorenzo.
La ley propuesta permitiría atacar las fortunas ilícitas o producto de actividades criminales para combatir la capacidad de operación de las bandas, arrebatando los bienes del narcotráficos, de las redes de trata de personas producto de la corrupción, los cuales pasarían a la propiedad del estado.
La medida se está analizando en la Asamblea Nacional ecuatoriana.
El fiscal de Colombia, Néstor Martínez, informó que el ataque en San Lorenzo está "asociado a un disidente de las FARC de origen ecuatoriano". El individuo conocido con el alias de 'Guacho', "usa la frontera para moverse entre los dos países y tratar de obtener impunidad", indicó Martínez.
El fiscal colombiano también afirmó que el atentado de San Lorenzo está vinculado a los esfuerzos de ambos países para combatir el narcotráfico. Agregó que Colombia ha realiza desde el último mes en Tumaco, una población limítrofe con Esmeraldas, un operativo contra los narcotraficantes en el que participan más de 10.000 personas entre militares y policías.
Néstor Martínez, fiscal general de Colombia.
El presunto terrorista "Guacho", cuyo nombre legal es Walter Patricio Arisala Vernaza, sería jefe de un grupo de disidentes de las FARC y tiene nexos con al menos cuatro carteles del narcotráfico, entre ellos el Clan del Golfo, que opera en Colombia, y el cartel de Sinaloa, en México, informó el comandante general de la policía de Ecuador, Ramiro Mantilla.
Arisala, según las autoridades ecuatorianas, maneja la logística del traslado de la droga entre Ecuador y Colombia desde hace dos años. La policía ecuatoriana lo persigue desde al menos el año pasado. Según datos de la inteligencia del país, desde noviembre de 2017, seis aliados de Arisala han sido capturados y dos entregados a Colombia.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos ordenó que se incluya a "Guacho" en la lista de más buscados de su país y ofreció una recompensa de 150 millones de pesos (unos $54.000) por su captura.
En San Lorenzo, los habitantes dicen no conocer a Arisala, ni hablan de narcotráfico, dice El Comercio, pero señalan que después de la captura de un joven que tenía armas, hace menos de dos semanas, comenzaron a escucharse "rumores de bomba" en la zona, "porque querían que lo dejaran libre".
Ciudadanos que hablaron con el diario ecuatoriano antes de cruzar a Colombia, dijeron que sospechosos habían pedido a la Policía que libere al chico.