Para evitar que se vuelvan a presentar casos como el de la francesa Florence Cassez acusada de secuestro y que fue liberada por fallas en su proceso.
Días despúes que la Corte Suprema de México decidió liberar a la francesa Florence Cassez, acusada de secuestro por presuntamente fallas en el proceso que atentaron contra sus derechos humanos, el gobierno mexicano anunció la modificación de protocolos para la detención de delincuentes.
Para evitar violaciones a las garantías individuales, el gobierno mexicano anunció una revisión de los sistemas policial y penal, y dio a conocer que todos los policías, soldados y marinos portarán en adelante una cartilla de derechos humanos, que será leída por los agentes a los presuntos delincuentes al momento de su detención.
La semana pasada la Suprema Corte de Justicia ordenó la liberación de la francesa Florence Cassez, por violaciones al debido proceso, ya que al momento de su detención, en diciembre del 2005, policías realizaron un montaje televisivo y tampoco se le facilitó la asistencia consular.
La resolución de la Corte desató una polémica y una ola de indignación entre ciudadanos y algunas organizaciones civiles, al considerar que no se hizo justicia a las víctimas, pues varias de ellas acusaron directamente a la francesa de haber participado en los secuestros.
Ante esta situación, el gobierno de Enrique Peña Nieto tomó cartas en el asunto y aseguró que no es admisible, ni lo será durante esta administración, que la conducta de las autoridades de lugar a actos de arbitrariedad que lastimen a la sociedad y mucho menos a que ellos puedan derivar en impunidad e injusticia.
El subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez, dio a conocer los nueve puntos que los agentes deberán hacer del conocimiento de los presuntos delincuentes al momento de su captura
“Usted se encuentra detenido/a por los siguientes motivos; usted es considerado inocente hasta que se le demuestre lo contrario; tiene derecho a declarar o guardar silencio; tiene derecho a un traductor o un intérprete; en caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado sea notificado de su detención”.
La cartilla de los derechos que asisten a las personas en detención, comenzó ya a repartirse a los 37 mil elementos de la Policía Federal.
Para evitar violaciones a las garantías individuales, el gobierno mexicano anunció una revisión de los sistemas policial y penal, y dio a conocer que todos los policías, soldados y marinos portarán en adelante una cartilla de derechos humanos, que será leída por los agentes a los presuntos delincuentes al momento de su detención.
La semana pasada la Suprema Corte de Justicia ordenó la liberación de la francesa Florence Cassez, por violaciones al debido proceso, ya que al momento de su detención, en diciembre del 2005, policías realizaron un montaje televisivo y tampoco se le facilitó la asistencia consular.
La resolución de la Corte desató una polémica y una ola de indignación entre ciudadanos y algunas organizaciones civiles, al considerar que no se hizo justicia a las víctimas, pues varias de ellas acusaron directamente a la francesa de haber participado en los secuestros.
Ante esta situación, el gobierno de Enrique Peña Nieto tomó cartas en el asunto y aseguró que no es admisible, ni lo será durante esta administración, que la conducta de las autoridades de lugar a actos de arbitrariedad que lastimen a la sociedad y mucho menos a que ellos puedan derivar en impunidad e injusticia.
El subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez, dio a conocer los nueve puntos que los agentes deberán hacer del conocimiento de los presuntos delincuentes al momento de su captura
“Usted se encuentra detenido/a por los siguientes motivos; usted es considerado inocente hasta que se le demuestre lo contrario; tiene derecho a declarar o guardar silencio; tiene derecho a un traductor o un intérprete; en caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado sea notificado de su detención”.
La cartilla de los derechos que asisten a las personas en detención, comenzó ya a repartirse a los 37 mil elementos de la Policía Federal.