Miles de personas, sobre todo niños, están siendo explotados por bandas criminales que llegan a sacar oro sin la más mínima consideración por el ser humano.
La minería ilegal en países de América Latina crece sin la atención de los gobiernos, pero los graves problemas sociales, ambientales y económicos aumentan en las regiones sin que existan soluciones concretas para erradicar esta ‘epidemia’.
La contaminación de los ríos, la deforestación que no la para nadie, la prostitución de menores de edad, la explotación de campesinos, el crecimiento de bandas criminales alrededor del negocio, el robo de esa riqueza que corresponde al Estado, son entre otros los graves problemas que ha consolidado la minería ilegal.
En países como Bolivia, Perú y Colombia se está viviendo un nuevo ‘dorado’ que es la masiva explotación del oro de manera indiscriminada y que ha generado brotes de violencia de similares condiciones en las tres naciones.
Es el más fuerte, el que más poder tenga y el que más miedo genere es el que manda en los sitios de exploración.
Para explotar el oro se requiere agua en cantidades muy altas y para extraer un gramo del metal se requieren tres de mercurio, este veneno se va a las fuentes de agua y los daños son cuantiosos. El cianuro también es usado en cantidades alarmantes. Sus daños son letales.
La devastación que deja la explotación del oro es de tal tamaño que acaba con montañas completas que son convertidas en zonas desérticas sin ninguna posibilidad de rehabilitación.
Las cuadrillas avanzan dejando a su paso destrucción.
En Perú se dedican a esta actividad al menos 200 mil personas, pero paralelamente han surgido otras actividades iguales o peores de perversas: la explotación sexual de niños y niñas. Esto ocurre en medio de la manigua, en la selva, en donde no hay autoridad.
Mientras en ese país suramericano se producen 20 toneladas de oro a año, 25 mil hectáreas de bosques han desaparecido.
En Colombia la situación tiene esos mismos ribetes trágicos. Al menos 350 mil niños son explotados al ser sometidos a los trabajos de explotación aurífera.
Son menores que no estudian, que luego son reclutados por la guerrilla o bandas criminales. Las niñas terminan en redes de prostitución y en medio de la pobreza más aberrante. En zonas como Chocó, Antioquia, Caldas y Tolima el panorama social y ambiental es dramático.
En Bolivia unas 15 mil personas de origen indígena viven de la minería ilegal del oro. Las condiciones son de extrema pobreza y abuso. No hay control del estado y no se avizora una solución al abuso de las bandas de explotación.
En Colombia se presentará, hasta ahora, un proyecto de ley al Congreso de la República que buscará poner en cintura. El presidente Juan Manuel Santos explicó que no solo se busca castigar la explotación minera ilegal, sino que también pretende restringir el uso de insumos tóxicos para el medio ambiente como el mercurio, el cianuro y el arsénico.
Perú y Bolivia aún no deciden una normativa para proteger estas comunidades.
Simultáneamente con este drama, se debate la conveniencia de la presencia de multinacionales que llegan con todo su poderío a deforestar y a contaminar las aguas.
Si de un lado se explota el oro arrasando con la dignidad del ser humano, del otro, se acaba con los bosques dejando dramas sociales por la llegada de buenos salarios a comunidades que son inundadas por el consumo de alcohol, de drogas y la proliferación de la prostitución.
Los gobiernos de estos países latinoamericanos deben centrar sus tareas de control, primero, en las comunidades que no tienen otra opción que dedicarse a la ilegalidad y dejarse enterrar de los dramas sociales que llegan con esta bonanza mentirosa del oro.
La contaminación de los ríos, la deforestación que no la para nadie, la prostitución de menores de edad, la explotación de campesinos, el crecimiento de bandas criminales alrededor del negocio, el robo de esa riqueza que corresponde al Estado, son entre otros los graves problemas que ha consolidado la minería ilegal.
En países como Bolivia, Perú y Colombia se está viviendo un nuevo ‘dorado’ que es la masiva explotación del oro de manera indiscriminada y que ha generado brotes de violencia de similares condiciones en las tres naciones.
Es el más fuerte, el que más poder tenga y el que más miedo genere es el que manda en los sitios de exploración.
Para explotar el oro se requiere agua en cantidades muy altas y para extraer un gramo del metal se requieren tres de mercurio, este veneno se va a las fuentes de agua y los daños son cuantiosos. El cianuro también es usado en cantidades alarmantes. Sus daños son letales.
La devastación que deja la explotación del oro es de tal tamaño que acaba con montañas completas que son convertidas en zonas desérticas sin ninguna posibilidad de rehabilitación.
Las cuadrillas avanzan dejando a su paso destrucción.
En Perú se dedican a esta actividad al menos 200 mil personas, pero paralelamente han surgido otras actividades iguales o peores de perversas: la explotación sexual de niños y niñas. Esto ocurre en medio de la manigua, en la selva, en donde no hay autoridad.
Mientras en ese país suramericano se producen 20 toneladas de oro a año, 25 mil hectáreas de bosques han desaparecido.
En Colombia la situación tiene esos mismos ribetes trágicos. Al menos 350 mil niños son explotados al ser sometidos a los trabajos de explotación aurífera.
Son menores que no estudian, que luego son reclutados por la guerrilla o bandas criminales. Las niñas terminan en redes de prostitución y en medio de la pobreza más aberrante. En zonas como Chocó, Antioquia, Caldas y Tolima el panorama social y ambiental es dramático.
En Bolivia unas 15 mil personas de origen indígena viven de la minería ilegal del oro. Las condiciones son de extrema pobreza y abuso. No hay control del estado y no se avizora una solución al abuso de las bandas de explotación.
En Colombia se presentará, hasta ahora, un proyecto de ley al Congreso de la República que buscará poner en cintura. El presidente Juan Manuel Santos explicó que no solo se busca castigar la explotación minera ilegal, sino que también pretende restringir el uso de insumos tóxicos para el medio ambiente como el mercurio, el cianuro y el arsénico.
Perú y Bolivia aún no deciden una normativa para proteger estas comunidades.
Simultáneamente con este drama, se debate la conveniencia de la presencia de multinacionales que llegan con todo su poderío a deforestar y a contaminar las aguas.
Si de un lado se explota el oro arrasando con la dignidad del ser humano, del otro, se acaba con los bosques dejando dramas sociales por la llegada de buenos salarios a comunidades que son inundadas por el consumo de alcohol, de drogas y la proliferación de la prostitución.
Los gobiernos de estos países latinoamericanos deben centrar sus tareas de control, primero, en las comunidades que no tienen otra opción que dedicarse a la ilegalidad y dejarse enterrar de los dramas sociales que llegan con esta bonanza mentirosa del oro.