Un gran escándalo de corrupción envuelve al gobierno argentino, relacionado con la distribución y las prioridades de vacunación contra COVID-19, mientras la justicia federal investiga 18 denuncias penales que provocaron la renuncia del ministro de Salud Gines González García y sus principales colaboradores.
Funcionarios, ministros, secretarios, sindicalistas, dirigentes políticos, famosos, empresarios, periodistas y hasta familiares de estos aparecen en largas listas de los llamados “Vacunados VIP”, que saltaron su orden para recibir primero la inmunización.
“Los centenares de miles de ancianos y trabajadores de la salud que estaban esperando vieron delante de sus ojos cómo se violaban las prioridades que les había prometido el Estado”, dijo Jorge Jabkowsky, secretario general de la Asociación Médica (CICOP).
Desde su gira por México, el presidente Alberto Fernández respondió con dureza al remarcar que esto no puede empañar la llegada al país de 1,7 millones de vacunas, de las cuales 780.000 ya fueron aplicadas.
“Terminemos con la payasada, y yo les pido a los jueces y fiscales, que hagan lo que deben. No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga que será castigado aquel que vacunó a otro, que se adelantó en la fila. No existe ese delito”, declaró Fernández.
En tanto, el Dr. Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, señaló que no se dejarán presionar por el poder político para detener las investigaciones.
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“Es una clara intromisión en la independencia de los magistrados”, dijo Gallo. “La investigación debe seguir adelante. El presidente se equivoca y enumera, como si el delito fuera saltar la fila y darle la prioridad a otra persona”.
“No es así”, afirmó. “El delito que se investiga es incumplimiento de los deberes del funcionario público”.