El presidente del Senado de Bolivia, Andrónico Rodríguez, dijo que siguen de cerca el papel de la justicia estadounidense en el caso del exministro de gobierno Arturo Murillo, detenido en ese país desde mediados de mayo acusado de un supuesto lavado de dinero y pago de sobornos.
Murillo, quien formó parte de la administración de la expresidenta interina Jeanine Áñez, fue arrestado junto su exjefe de despacho, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, y tres estadounidenses que según las autoridades pretendían hacer negocios con ellos.
Las declaraciones de Andrónico Rodríguez tuvieron lugar después de conocerse que Méndez estaba en libertad tras pagar una fianza de 250.000 dólares.
“Esperemos que no actúe la justicia norteamericana en función a prebendas, en función a negociaciones o en este caso pagando fianzas con mucha facilidad habiendo evidencias muy contundentes”, dijo Rodríguez.
Por su parte el procurador general, Wilfredo Chávez, indicó que existe una “posibilidad legal” de que el exministro Murillo pueda también ser beneficiado con libertad bajo fianza, por lo que se seguirán los procedimientos de defensa de los intereses del Estado boliviano.
“Entendemos que es un resorte de su defensa que se realiza esta gestión (…) En todo caso nuestros abogados que están allá acreditados están dando seguimiento permanente”, explicó el fiscal.
Mientras, la Fiscalía boliviana anunció que enviará nuevamente a la Cancillería la solicitud de extradición de Arturo Murillo, después de que la primera vez el documento fue rechazado porque no estaba escrito en inglés.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que tres de los individuos señalados pagaron más de 600.000 dólares en sobornos a funcionarios del gobierno de Bolivia “en beneficio de Murillo” y Méndez.
El contrato incluía la compra de equipos no letales y gases lacrimógeno para el Ministerio de Defensa de Bolivia. Los esfuerzos tuvieron lugar en 2019 y 2020, dijo un comunicado.
En entrevista con la Voz de América, el abogado Johan Ellefsen, radicado en Estados Unidos, analizó la situación jurídica en el caso de Murillo.
“Tienen la posibilidad de la economía procesal. Si se declara culpable pueden rebajarle la sentencia, por ejemplo. Ahorra tiempo a todas las partes. Es bien problemático para Estados Unidos enjuiciar a una autoridad de otro país, pero tampoco les gusta dejar pasar estas cosas, pero no es un asunto político”, dijo.
Algunos juristas presumen que el exministro de Gobierno solicitará la reducción de una condena a cambio de información como testigo clave. La audiencia será pública y se desarrollará en Miami el 9 de julio.
[Versión para la web de Waldo Serrano]
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