Fiscalía de Bolivia admite acusación por “genocidio” contra expresidenta Jeanine Áñez

La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, al momento de ser llevada a a un centro de detención por las fuerzas especiales contra el crimen en La Paz, el 15 de marzo de 2021.

La expresidenta Áñez guarda prisión desde marzo de 2021, acusada de terrorismo, sedición y conspiración para derrocar a Evo Morales, quien abandonó el país y se asiló en Argentina en 2019.

La Fiscalía General del Estado en Bolivia admitió el lunes una acusación por presunto genocidio contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, en relación a las muertes ocurridas en las localidades de Senkata y Sacaba en noviembre de 2019 tras la dimisión del entonces presidente Evo Morales.

Además, informó el Ministerio de Justicia en un documento que hizo público, la exmandataria está acusada por los delitos de lesiones graves y leves, así como los de lesiones seguidas de muerte.

“Habiendo sido admitida la proposición acusatoria de fecha 1 de julio de 2021 (…) hago conocer que se ha dado inicio a la fase de acumulación de antecedentes”, señaló el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, quien firma el aviso.

Áñez, quien asumió el cargo entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, ha negado las acusaciones por las que se encuentra detenida desde marzo pasado por supuestos crímenes de “sedición”, en relación a lo que las actuales autoridades del presidente Luis Arce consideran un “golpe de Estado”.

Los mensajes que publica Áñez en sus redes sociales son llevados por sus familiares y de manera pública se ha considerado víctima de un “encierro injusto e ilegal”.

El 15 de noviembre de 2019 en la ciudad de Sacaba, departamento de Cochabamba, las autoridades chocaron con manifestantes, lo que resultó en la muerte de nueve personas -más otra que falleció varias jornadas más tarde- según investigó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Cuatro días después en Senkata, El Alto, otra manifestación terminó con la muerte de diez personas más.

En sus “observaciones preliminares” de diciembre de 2019, la CIDH estableció que “condena de manera enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habría incurrido en graves violaciones de los derechos humanos. En criterio de la Comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas”.

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