La Corte Suprema de Justicia colombiana anunció la noche del martes que abrió una indagación preliminar contra el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe por presuntos espionajes -o perfilamientos- ilegales, al parecer con ayuda de un grupo de la red de inteligencia del ejército, contra unas 130 personas entre periodistas, políticos, abogados y defensores de derechos humanos.
La Corte escribió en Twitter que Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, podría ser el “posible destinatario de la información de seguimientos ilegales de inteligencia militar en 2019”. La investigación preliminar se ordenó a fin de esclarecer si en este caso hay un delito y si, en efecto, quien recibía la información era Uribe.
El equipo legal del expresidente tiene conocimiento del caso desde el 15 de mayo, se informó.
Tras esta investigación preliminar (que significa que aún no hay un proceso oficial contra Uribe) la ley establece un término de 18 meses para tomar una decisión de fondo y definir si se abre una investigación formal contra el expresidente y ahora senador por el partido Centro Democrático.
El pasado 2 de mayo el presidente Iván Duque aseguró que no toleraría que integrantes de las fuerzas militares deshonren la ley ni realicen prácticas contrarias a ésta. La declaración de Duque fue una reacción a un artículo de la revista colombiana Semana que denunciaba presuntas intervenciones ilegales (encabezadas por un grupo de inteligencia del ejército) a las comunicaciones de 130 personas, entre periodistas, políticos, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones no gubernamentales.
La Procuraduría General de Colombia llamó hace 12 días a 13 oficiales del ejército a juicio disciplinario por la presunta recolección ilegal de información de carácter “íntimo de ciudadanos nacionales y extranjeros”.
Horas después, el abogado de Uribe dijo en un comunicado a The Associated Press que “rechazo enfáticamente que se pretenda armar un escándalo mediático sobre un caso que, además de ser absolutamente inmeritorio, apenas obedece a un trámite normal de la justicia”.
Granados agregó que la Corte Suprema decidió hace más de 15 días abrir una investigación previa en virtud a un correo electrónico de carácter anónimo remitido hace varios meses a la Sala Especial de Instrucción.
“El objetivo de la investigación previa es, precisamente, corroborar, entre otras cosas sí al menos ha existido algún delito, es decir, se trata de una actuación rutinaria frente a toda denuncia que llega a conocimiento de la Corte”, agrego
Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se refirió al asunto en un comunicado el 1 de mayo y dijo que tras darse a conocer la información se decidió apartar del cargo y retirar del servicio activo a 13 oficiales y a un brigadier general. No dio a conocer las identidades. Aunque Semana publicó su reporte en abril, trascendió que el procurador Fernando Carrillo Flórez ordenó desde enero el inicio de una indagación para esclarecer los hechos.