BOGOTÁ/ WASHINGTON-La pandemia ha incrementado el riesgo de desalojo de migrantes y refugiados venezolanos en los países de acogida quienes, en su mayoría, no tienen vivienda formal y alquilan los lugares de manera verbal, pues no cuentan con los recursos ni documentos para hacer contratos formales.
Este fue uno de los hallazgos de la Encuesta Regional de Desalojos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela, revelada el miércoles por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
El 86% de los encuestados manifiesta que el principal impacto del COVID-19 es la acumulación de deudas, y para más del 45%, es la exposición de amenaza al desalojo. En el momento de la encuesta, para más del 41% de los consultados esta amenaza se concretó en un desalojo, lo que ha hecho que más del 11% se hayan visto en situación de calle y el 39,8% estaban, de nuevo, en riesgo de desalojo.
William Spindler, encargado para las comunicaciones de la oficina regional para las Américas de ACNUR, explicó a la Voz de América que “hay un gran nivel de precariedad de esta población que ha sido efectivamente una de las más golpeadas en la pandemia que, de por sí, ha afectado de manera desproporcionada a América Latina”.
La encuesta encontró que el 86,6% de los hogares encuestados pertenecen a personas refugiadas y migrantes de Venezuela que tienen o tuvieron contratos de arrendamiento o de préstamo sobre sus viviendas. De estos hogares, el 76,9% pagan con recursos propios y solo un 10,4% proviene del apoyo de gobierno o un organismo humanitario.
Además, el 73,7%, acuerdan contratos verbales. Solo el 12.9 % tiene contratos de arrendamiento escritos.
“La gran mayoría de éstas dependen de sus propios ingresos para pagar el arriendo o lugares donde están. Casi el 80% de las personas están arrendando una casa, un apartamento, en muchos casos, la inmensa mayoría de ellos no tienen un contrato escrito, simplemente un contrato verbal con la persona que les arrienda”, dijo Spindler.
Este tipo de contratos verbales se relacionan con la incertidumbre y el riesgo de ser desalojado, pues la encuesta halló que aquellos que no tenían contratos o autorizaciones sobre sus alojamientos o viviendas, fueron desalojados en más de un 60%, mientras quienes tenían contrato escrito, lo fueron en cerca de un 30%.
Incluso, cinco de cada diez personas ya desalojadas, se encontraban en el país de acogida de forma irregular, dificultándose su posibilidad de derecho a una vivienda digna, a tener contratos formales.
"Esa informalidad tiene imposibilidad de acceder a justicia, de tener contratos formales, muchos de esos contratos son verbales de días, por semanas o por meses", explicó Juan Betancur, consultor para el informe de desalojos del Sector Regional de Protección de R4V. en una rueda de prensa virtual.
Familias numerosas
En estos alojamientos, viven tres o más personas, sin las condiciones adecuadas. La minoría, según lo encontrado, se ubica en asentamientos informales o en alojamientos construidos en bienes de uso público.
La encuesta indicó que en la región, Brasil cuenta con el mayor porcentaje de refugiados y migrantes de Venezuela viviendo en albergues o alojamientos temporales, con más del 15%, seguido por Colombia con un 4%.
Dentro de lo encontrado, también alerta el hecho de que el 50% de los hogares de refugiados y migrantes de Venezuela vive en viviendas con una habitación y el 18% en alojamientos que no tienen habitaciones; lo preocupante, además, es que cerca del 85% de los hogares tienen más de tres personas y el 32% de los hogares encuestados tiene cinco o más miembros.
"Hay una gran relación entre personas desalojadas y hacinamiento, lo cual revela no solo la forma que se tiene sino las condiciones que también impactan el acceso al agua, a servicios públicos, a la seguridad social, a la salud, al trabajo y, en especial, el impacto que esto tiene sobre la situación de las mujeres dentro de los hogares, los niños, adolescentes y de las persona discapacitadas... Este hacinamiento precisamente es una violación a su derecho", agrega Betancur.
¿Por qué son desalojados?
La encuesta revela que los tres principales motivos por los que inmigrantes y refugiados consideran se encuentran en riesgo de desalojo son, en su mayoría (87%), por la incapacidad de pago de los arriendos de sus viviendas; un 36% señala que están en riesgo por incapacidad de pago de los servicios básicos de sus viviendas; y como tercer motivo, señalaron que es la discriminación que viven por ser venezolanos, con más del 17% de los encuestados.
Las familias se ayudan entre ellas para evitar quedarse en la calle, pero esto denota el hacinamiento que pueden vivir, con condiciones precarias.
En caso de ser desalojados, el 74,7% reveló que el impacto podría verse reflejado en quedar en la calle, el 60,5% aludió al riesgo del contagio del COVID-19 y el 45,7% refirió la falta de acceso a los servicios públicos.
Baja intervención estatal
La encuesta, que fue contestada principalmente por arrendatarios (85%), arroja que más del 95,2% de los casos de desalojos de los encuestados fueron iniciados por los arrendadores o propietarios de las viviendas que habitaban.
Del 77,4% de los hogares encuestados que respondieron a la pregunta sobre asistencia recibida, el 69,8% no recibe ningún tipo de ayuda que les permita prevenir o tener alguna protección frente al desalojo.
El informe, además, indica que “los desalojos tuvieron una baja intervención de autoridades locales en su mediación o en el ofrecimiento de rutas para el acceso a la justicia”. El porcentaje de no presencia de autoridades locales en los casos de desalojo, supera el 75% en la región.
No obstante, Spindler dice que América Latina "ha mostrado un ejemplo de solidaridad único en el mundo". Se refirió a que "comunidades han hecho todo lo posible para facilitar la inserción de estas personas con diferentes programas de regulación". Afirmó además que aunque hay casos de xenofobia y rechazo, son minoritarios y a ellos se le suma las condiciones que han sido gravemente afectadas por la pandemia.
Para el representante de ACNUR, las necesidades de estas personas que han sido desalojadas son los alimentos, el techo, el trabajo, y en muchos casos, también el apoyo en salud.
“La respuesta hasta ahora ha sido más la respuesta de emergencia, de encontrar una solución inmediata a las necesidades de las personas... pero ahora lo que se necesita es más pensar a mediano y largo plazo, las necesidades más de la infraestructura de los países, más escuelas, más hospitales, más maestros y personal médico”, agrega.
Por otro lado, las mujeres sufren el mayor impacto en el contexto de los desalojos, siendo ellas las que tienen más necesidades y presentan una peor situación médica. Las embarazadas y lactantes y/o jefas de hogar presentan los mayores riesgos. Más del 79% de las mujeres respondieron estar en riesgo de desalojo o desalojadas.
“Las condiciones de hacinamiento y precarias condiciones de habitabilidad de las viviendas crean condiciones para la violencia y el abuso sexual”, dice la encuesta.
¿Volver a Venezuela?
En caso de ser desalojados, los encuestados dijeron que volver a Venezuela es una opción lejana. Prefieren establecer acuerdos con los arrendatarios (40%), solicitar extensión o suspensión de pagos (35%), mudarse a casa de un amigo o familiar. En octavo lugar se encuentra el retorno a Venezuela con un 7%.
Del total de los hogares encuestados, 73% piensa que el retorno al país de origen representa un riesgo para sus hogares. Es más, pese a que tengan esa necesidad, deciden quedarse en el país de acogida, según un 81% de las respuestas de los encuestados.
"La situación dentro de Venezuela también es crítica, a pesar de la crisis política que vive el país, también hay una crisis de seguridad, de derechos humanos, el impacto humanitario de toda esta situación es enorme… entonces podemos pensar que las condiciones no es tan dadas para que las personas vuelvan a Venezuela", dice el texto.
En ese caso, el 66,8% desean quedarse en la ciudad donde están; y el 14,3% desean quedarse en el país, pero ir a otra ciudad; sólo el 1,4% desea irse a otro país. Así, el 81,1% desea quedarse en el país que se encuentran, pese a estar en riesgo de desalojo o ya haber sido desalojado.
En la región, lideran Brasil y Colombia, como los países en donde cerca del 80% de los refugiados y migrantes de Venezuela desean quedarse.
Para la comisionada de la CIDH, Julissa Mantilla, la encuesta permite conocer "no solo cuántas mujeres o personas con discapacidad están sufriendo sino qué afectaciones complejas a violaciones de derechos humanos se producen".
En este sentido, agrega, los hallazgos sirven como insumo para el desarrollo de políticas públicas, además hizo un llamado para ver el problema de la movilidad humana no solo como un problema de Venezuela, sino un asunto colectivo.
El informe, elaborado a partir de 1.810 entrevistas, entre el 8 de octubre y el 11 de noviembre de 2020 en siete países de la región, hace un llamado a las autoridades para que garanticen las condiciones de alojamientos en sitios donde viven las personas refugiadas y migrantes. Resalta la labor de Brasil, donde los migrantes logran un mayor porcentaje de protección internacional, pese a tener el mayor ingreso irregular de refugiados de Venezuela.
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Aumentan los desalojos de migrantes venezolanos en Latinoamérica