Un mes después de que los cubanos se lanzaran a las calles exigiendo libertad y respeto a los derechos humanos, organismos independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA) denunciaron el viernes la falta de garantías procesales contra detenidos y acusados en las manifestaciones del 11 de julio en la isla.
La denuncia la hacen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus Relatorías Especiales, por medio de las cuales “manifiestan su preocupación por las numerosas denuncias de detenciones arbitrarias, y violaciones a las garantías mínimas del debido proceso contra quienes participaron de las protestas del 11 de julio en Cuba”.
Las manifestaciones fueron las más grandes en muchas décadas en la isla, con un gobierno de partido único, el comunista, y donde el disenso es castigado con largas penas de prisión. Más de sesenta pequeñas localidades y ciudades se vieron sacudidas por las protestas.
También lea ¿Sepultadas las protestas en Cuba? ¿Cuáles son las expectativas?La CIDH cita en su informe los datos compilados por la organización Cubalex, dirigida desde Estados Unidos por la abogada cubana Laritza Diversent, que ha cifrado en 249 los detenidos que ya fueron excarcelados, 373 que aún estarían bajo custodia, y otros diez de los que se desconoce su paradero.
El gobierno del mandatario Miguel Díaz-Canel culpó inmediatamente al embargo comercial de Estados Unidos por la escasez de alimentos y medicinas, productos que, en cualquier caso, quedan fueran de las prohibiciones comerciales.
La Casa Blanca condenó la represión a las protestas y desde entonces diversas iniciativas bipartidistas han tenido luz verde en Washington para proveer de internet y telecomunicaciones a los cubanos.
La CIDH informó también de su preocupación por la realización de juicios sumarios contra manifestantes “con fundamento en diferentes tipos penales, incluyendo terrorismo, desorden público, desacato, instigación a delinquir y propagación de epidemia”.
Familiares de algunos detenidos o procesados “han optado por no denunciar los abusos ni exponer públicamente los casos por temor a que eso pueda poner en riesgo su vida o integridad”.