Un tribunal de Ecuador negó esta semana un pedido de apelación del expresidente Rafael Correa y ratificó la sentencia previa que lo condena a ocho años en prisión por cobros indebidos a contratistas para financiar campañas electorales de su movimiento político entre 2012 y 2016.
En otra medida más reciente, el Consejo Nacional Electoral (CNE), que regula los comicios previstos para el 2021, decidió también suspender al Partido Fuerza Compromiso Social, la plataforma política con la que Correa aspira a volver a la política en su país. El partido, a través del cual seguidores de Correa fueron a las elecciones municipales y provinciales el pasado año, tiene 10 días para presentar descargos y pruebas de que ha cumplido con todos los requisitos formales para ser un partido.
El CNE aceptó de ese modo la instrucción de la Contraloría, que había solicitado la eliminación del partido de la lista de organizaciones que se postulan para las elecciones del próximo año. Entre las razones para la medida alegan que el partido de Correa, y otras tres agrupaciones políticas, no habrían cumplido en el momento de su inscripción con todos los requisitos. La Contraloría alega que en el proceso de recogida de firmas detectó números de identidad duplicados, menores de edad e incluso ciudadanos que no están en el padrón.
Correa, quien reside en Bélgica desde que dejó el poder, ha negado las acusaciones de la fiscalía en su contra y ha dicho que se trata de una persecución política por parte del presidente Lenín Moreno, a quien respaldó para llegar a la presidencia en mayo del 2017. Ha tildado a Moreno de "traidor" y "corrupto".
El exmandatario ha respondido en su cuenta de Twitter a la ratificación de su condena: "Aunque es difícil de creer, era de esperarse (...) No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí".
Correa ha dicho públicamente que podría buscar la vicepresidencia del país en 2021.
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El Grupo de Puebla, que reúne a políticos y académicos afines a Correa, reaccionó en un comunicado a la decisión de suspender la agrupación política: "Este acto de parcialización política pone en entredicho la legitimidad de las elecciones del próximo 7 de febrero de 2021 en Ecuador y sienta un grave precedente regional al permitir que, a través de la proscripción electoral de la oposición se altere, de forma anticipada, la legítima expresión de la voluntad popular, esencia de la democracia".
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, respaldó en su cuenta de Twitter la decisión, en aparente respuesta a las críticas recibidas.
La elección del nuevo presidente y vicepresidente del Ecuador se llevará a cabo a comienzos del 2021, en medio de un contexto adverso debido en parte al impacto de la propagación y muertes por el COVID-19. En los últimos meses, por ejemplo, han surgido repetidas denuncias de casos de sobreprecios y corrupción en la adquisición de medicamentos e insumos médicos para el sector público en plena pandemia.
También llega el proceso en medio de un debilitamiento de la economía local debido a los bajos precios del barril de petróleo, que han quedado por debajo de lo calculado para este año.
Un estudio de Click Research advirtió recientemente que un 85,16% de los encuestados cree que la situación del país es mala, pero un 77,66% considera que con un nuevo presidente las cosas van a mejorar.