Unos 22 expresidentes y jefes de Estado iberoamericanos se solidarizaron con el diario venezolano El Nacional y solicitaron la “intervención” de instancias internacionales en materia de DD.HH. y libertad de prensa.
El grupo, reunido en el foro Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), emitió un comunicado este lunes en el que aseguran que ante intentos fallidos “por acallar" a El Nacional, se recurre “a la intervención de una justicia sometida a la voluntad del régimen, para infligirle un grave daño económico”.
Este viernes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que los exmandatarios califican de “ilegítimo”, ordenó al periódico pagar el equivalente a más de 13 millones de dólares como indemnización tras una demanda impuesta en 2015 por Diosdado Cabello, número dos del partido del gobierno y ahora diputado, por difamación.
También lea El Nacional denuncia que dirigente chavista pretende expropiar sus instalacionesLos expresidentes calificaron el fallo de “espurio, sesgado y parcial que responde a los designios del régimen dictatorial de Nicolás Maduro”. Recordaron que la Comisión Interamericana de DD.HH. ya ha condenado por violatorias de la Convención Americana de DD.HH. “las iniciativas judiciales contra el diario El Nacional y otros medios venezolanos”.
Entre los firmantes destacan Óscar Arias, expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz; los exjefes del gobierno español José María Aznar y Felipe González; y los expresidentes colombianos Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.
También hay exmandatarios de Argentina, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, entre otros países.
El Nacional asegura que este nuevo episodio en la demanda busca “perpetrar una expropiación encubierta".
Venezuela ocupa el puesto 148 de 180 países, según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de Reporteros sin Fronteras publicada este mismo martes. De la región, solo lo superan países como Honduras (151) y Cuba (171).
Esta misma semana, el Colegio Nacional de Periodista de Venezuela rechazó la medida y pidió el "cese de la persecución y criminalización de los periodistas". La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) indicó que el caso se trata de una "expoliación, del uso de la fuerza política-judicial para usurpar a un medio de comunicación".
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