La organización internacional Human Rights Watch (HRW) cuestionó en un pronunciamiento la Ley de Amnistía e Indulto aprobada el 12 de febrero por la Asamblea Legislativa de Bolivia, al considerar que “esta normativa parece dirigida a favorecer a partidarios del gobierno y permite la impunidad por delitos graves y abusos”.
HRW alude a que el decreto otorga una amnistía genérica o indulto a personas que fueron procesadas penalmente durante el gobierno anterior, encabezado por la presidenta interina Jeanine Áñez, por delitos que tengan “relación directa” con la “crisis política” que se inició en octubre de 2019.
"Parece haber sido diseñado para favorecer a partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de gobierno", dice HRW.
Además critica aspectos de la redacción de documento.
"La ambigüedad del lenguaje del decreto permite una interpretación excesivamente amplia de los casos en que se puede aplicar la amnistía o el indulto. Esto resulta particularmente problemático porque la interpretación legal del decreto queda en manos de instituciones del Poder Ejecutivo que carecen de la independencia necesaria, sin que haya un control judicial significativo", afirma.
Al publicar el documento en su cuenta de Twitter, HRW deja clara su posición: "Bolivia: un decreto le permitirá al gobierno de @LuchoXBolivia (Luis Arce) amnistiar selectivamente a sus partidarios que cometieron delitos graves. Muy preocupante. Todas las víctimas merecen justicia", comenta el organismo al publicar su declaración.
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En entrevista con la Voz de América, el abogado y analista Paul Coca, explicó el alcance de esta ley desde dos dimensiones: “El primer aspecto es de orden político y es que está buscando el gobierno actual de Arce Catacora meter a la fuerza de que ha habido un golpe de Estado y un gobierno de facto; en un segundo aspecto está de que quienes quieren acogerse son partidarios o miltantes del Movimiento Al Socialismo desde que salió Evo Morales hasta que Jeanine Áñez estuvo en el poder”.
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, expresó su preocupación porque en este contexto se podría “menoscabar el acceso a la justicia de las víctimas y violar el principio fundamental de “igualdad ante la ley”.
Al respecto, la politóloga Verónica Rocha, explicó cómo se plantea la relación de los poderes Ejecutivo y Judicial en torno a esta polémica Ley de Amnistía e Indulto.
“Si bien interviene el poder Ejecutivo no termina tomando la decisión, el juez o la jueza son los que van a determinar si se trata de un caso de persecución política para aplicar el indulto a la amnistía o si no. Por lo tanto, el sistema judicial en su independencia está integrado a este decreto supremo porque es quien finalmente decide”, afirmó la analista Verónica Rocha.
El Gobierno del presidente Luis Arce estima que 3.180 detenidos, el 18 % de la población penitenciaria del país, podrían recibir una amnistía o indulto como resultado de este decreto que, según los oficialistas, está dirigido a restablecer los derechos de las personas procesadas en los conflictos ocurridos entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020.
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