El presidente chileno Sebastián Piñera declaró ante la fiscalía por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social de octubre de 2019.
Piñera rindió declaración ante la fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para explicar las acciones realizadas por el gobierno en el contexto de las protestas de hace casi dos años —y durante meses posteriores— y en la causa que lleva la fiscal sobre presuntos delitos de lesa humanidad ocurridos en ese periodo, confirmó el viernes a The Associated Press una funcionaria del gobierno que pidió el anonimato por tratarse de una investigación en curso.
El presidente concurrió ante la fiscalía “para aportar toda la información pertinente, explicar todas las acciones tomadas en resguardo de las libertades y derechos de todos los ciudadanos y colaborar para esclarecer todos los hechos ocurridos en el contexto del estallido de violencia de 2019”, señalaron desde el gobierno.
“El Gobierno, junto con reafirmar su compromiso irrestricto con el respeto y protección de los derechos humanos de todos, ha promovido una política de transparencia y colaboración con las investigaciones del ministerio público”, añadió, señalando que el ejecutivo “apoya el cumplimiento del mandato que les corresponde en un Estado de Derecho a órganos autónomos como el Poder Judicial y el Ministerio Público”.
En la causa han declarado como imputados el actual General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y su predecesor, Mario Rozas. Este último estuvo a cargo durante largo tiempo cuando se produjeron los presuntos delitos de lesa humanidad, que incluirían más de una treintena muertes, violaciones sexuales, torturas, apremios ilegítimos y en que se documentaron más de 450 víctimas con lesiones oculares que provocaron pérdida total o parcial de su visión y más de 4.000 denuncias que aún se investigan en la fiscalía.
Un violento estallido social que inició el 18 de octubre derivó en gigantescas protestas que inicialmente demandaban mejores salarios, pensiones y rebajas en precios de medicamentos, que fueron ampliándose hasta pasar por el fin de las administradoras privadas de las jubilaciones y una nueva Constitución escrita por el pueblo.
Las manifestaciones fueron duramente reprimidas por la policía y el Ejército, bajo el estado de excepción en las primeras semanas, y se cuestionó su actuar y procedimiento en revisiones independientes que acreditaron violaciones a los derechos humanos por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistia Internacional, así como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU entre otros.
El proceso derivó en un plebiscito celebrado el pasado 25 de octubre en el que por gran mayoría de casi un 80% los chilenos decidieron reescribir la Constitución heredada de la dictadura de Agusto Pinochet (1973-1990). El 15 y 16 de mayo eligieron a los 155 Constituyentes, entre los que hay muchos independientes, para crear la primera Carta Magna escrita por el pueblo y que tendrá que ser ratificada por los ciudadanos.
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