Western Union cerrará sus operaciones en Cuba como resultado de nuevas sanciones de Estados Unidos hacia el gobierno de La Habana, anunció este martes Fincimex, la entidad controlada por el gobierno de la isla que maneja el envío de dinero desde EE.UU y que tiene el convenio con la compañía estadounidense.
Más de 400 oficinas, en las cuales los cubanos suelen cobrar buena parte de las remesas, "serán interrumpidas totalmente", informó la firma financiera, a través de un comunicado. La decisión llega tras las nuevas restricciones al envío de remesas vigentes a partir del 27 de noviembre próximo, y que fueron anunciadas por el presidente Donald Trump la semana pasada.
También lea Estados Unidos retira a militares cubanos del proceso de remesas"La inclusión de Fincimex en la lista de entidades restringidas del Departamento de Estado de EE.UU. el pasado mes de junio, y las modificaciones anunciadas por el Departamento del Tesoro a las regulaciones para el control de activos cubanos el viernes 23 de octubre, impedirán las remesas a Cuba a través de compañías estadounidenses con licencias generales, con lo cual perjudican directamente al pueblo cubano y a sus familias en EE.UU.", dijo Fincimex, a través de un texto publicado en su página de Facebook.
“El hacerlo en medio de una pandemia recalca el cinismo, el desprecio por el pueblo cubano y el oportunismo del gobierno estadounidense”, agregó.
Además, subrayó que “las remesas familiares hacia Cuba han sido politizadas continuamente por la extrema derecha anticubana" y que, desde septiembre del 2019, "el gobierno de Estados Unidos viene aplicando medidas coercitivas para restringir el flujo”.
Fincimex insistió en que las disposiciones de EE.UU. atacan "directamente a las remesas familiares".
El gobierno de Trump fortaleció las sanciones contra Cuba, presionando por un cambio de modelo político, pero las autoridades de la isla han asegurado que no cederán a presiones.
Fincimex pertenece a la corporación CIMEX, que forma parte de un conglomerado de empresas dirigidas por militares, sancionadas por Washington. Expertos calculan que las familias envían a Cuba unos 3.500 millones de dólares anuales.