La Sociedad Interamericana de Prensa envía una carta a 19 presidentes en el hemisferio alertando de propuestas contra la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) difundió este miércoles una carta en la que dice estar preocupada por el proceso de reformas a que se halla sometido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la actuación de la Relatoría para la Libertad de Expresión.
El documento, enviado por el presidente de la SIP, Jaime Mantilla, a 19 mandatarios de países de la región y a 33 diplomáticos del hemisferio, pone de relieve el comportamiento de algunos gobernantes latinoamericanos “interesados en consolidar regímenes negados a la separación de los poderes”.
Tales gobiernos, agrega, se niegan además a la “alternabilidad democrática, a la libre iniciativa de las personas, a la fluidez de la opinión pública como elemento de control del funcionamiento de las instituciones del Estado y a la transparencia, a cuyo efecto promueven ´hegemonías comunicacionales de Estado´ y persiguen a la prensa y al periodismo independiente o crítico”.
Según Mantilla, lo que se busca con las reformas es transformar a los órganos de la OEA “en vehículos de mera promoción de derechos, subordinando sus tareas de recepción y conocimiento de denuncias de violaciones de derechos humanos de las que son responsables los propios Estados”.
La carta enviada a los presidentes destaca que “la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y dentro de éstos la libertad de prensa, son derechos de las personas, no concesiones de los gobernantes, quienes han de respetarlos y garantizarlos”.
La declaración señala que el día de 22 de marzo cuando la Asamblea General Extraordinaria de la OEA se reúna a fin de considerar las propuestas, el objetivo último es “afectar al patrimonio ético e intelectual democrático que le sirve como cimiento a todo el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”.
También subraya que la SIP estará vigilante de cualquier iniciativa para debilitar en sus competencias a la Relatoría para Libertad de Expresión y a su órgano de adscripción, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “ Ellas son bastiones fundamentales para la defensa de la democracia como derecho de los pueblos”, concluye la carta.
El documento, enviado por el presidente de la SIP, Jaime Mantilla, a 19 mandatarios de países de la región y a 33 diplomáticos del hemisferio, pone de relieve el comportamiento de algunos gobernantes latinoamericanos “interesados en consolidar regímenes negados a la separación de los poderes”.
Tales gobiernos, agrega, se niegan además a la “alternabilidad democrática, a la libre iniciativa de las personas, a la fluidez de la opinión pública como elemento de control del funcionamiento de las instituciones del Estado y a la transparencia, a cuyo efecto promueven ´hegemonías comunicacionales de Estado´ y persiguen a la prensa y al periodismo independiente o crítico”.
Según Mantilla, lo que se busca con las reformas es transformar a los órganos de la OEA “en vehículos de mera promoción de derechos, subordinando sus tareas de recepción y conocimiento de denuncias de violaciones de derechos humanos de las que son responsables los propios Estados”.
La carta enviada a los presidentes destaca que “la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y dentro de éstos la libertad de prensa, son derechos de las personas, no concesiones de los gobernantes, quienes han de respetarlos y garantizarlos”.
La declaración señala que el día de 22 de marzo cuando la Asamblea General Extraordinaria de la OEA se reúna a fin de considerar las propuestas, el objetivo último es “afectar al patrimonio ético e intelectual democrático que le sirve como cimiento a todo el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”.
También subraya que la SIP estará vigilante de cualquier iniciativa para debilitar en sus competencias a la Relatoría para Libertad de Expresión y a su órgano de adscripción, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “ Ellas son bastiones fundamentales para la defensa de la democracia como derecho de los pueblos”, concluye la carta.