Amnistía Internacional (AI) pidió el viernes al gobierno de Cuba entrada a la isla, junto con otros observadores de derechos humanos, para dar seguimiento a los juicios contra los participantes en las manifestaciones de julio de 2021, que hasta la fecha se vienen realizando a puertas cerradas.
“Cientos de personas en Cuba de toda edad y condición han sido acusadas, juzgadas o condenadas en actuaciones judiciales injustas y opacas, la mayoría celebradas a puerta cerrada, por ejercer sus derechos humanos”, escribió en su cuenta de Twitter Erika Guevara-Rosas, directora de AI para las Américas.
Rosas citó un comunicado emitido por el organismo que representa donde señalan que “no hay transparencia en los procedimientos ni se permite asistir a los juicios a periodistas y observadores de derechos humanos independientes”.
Amnistía Internacional además reveló que lleva décadas documentando las acciones represivas y abusos de poder por parte del gobierno cubano para acallar la disidencia.
Entre los ejemplos que citó se encuentran los casos de los que considera “presos de conciencia", Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez, quienes han permanecido “más de siete meses recluidos” y continuarán en prisión provisional en espera de juicio.
También lea Activista Anamely Ramos se dispone a regresar a Cuba, La Habana le niega la entradaLa Fiscalía cubana y varios funcionarios judiciales defendieron a principios de febrero los juicios que se llevan adelante contra manifestantes de las inusuales protestas de julio pasado en la isla y aseguraron que se vienen mostrando a los tribunales pruebas suficientes para presentar cargos por delitos como sedición o atentado, que conllevan sanciones de hasta 30 años de cárcel.
De acuerdo con el organismo defensor de derechos humanos, desde hace un tiempo, a través de una misiva, han solicitado al gobierno de Miguel Díaz-Canel información sobre el número de personas detenidas en relación con las conocidas como protestas del 11J, pero a la fecha no han obtenido respuesta.
La ONG Cubalex ha dado seguimiento al tema y calcula que unas 700 personas continúan bajo custodia por manifestarse el año pasado.
“En su mayoría están acusadas en aplicación de disposiciones del Código Penal usadas tradicionalmente para silenciar la disidencia”, afirmó AI.
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