Amnistía Internacional retiró a la líder de Myanmar Aung San Suu Kyi, el premio de Embajadora de Conciencia que le otorgó en 2009, uno de los más preciados galardones de derechos humanos.
En su cuenta de Twitter, Kumi Naidoo, el secretario general de Amnistía Internacional, publicó una carta que le escribió a Aung San Suu Kyi, comunicándole la decisión.
El mensaje repite parte del texto de la misiva y dice: “Hoy, estamos profundamente consternados de que usted ya no representa un símbolo de esperanza, valor y la defensa eterna de los derechos humanos. Amnistía Internacional no puede justificar su estatus continuo como receptor del premio Embajador de Conciencia y, por lo tanto, con gran tristeza, por este medio, se lo retiramos".
Un comunicado en el portal de AI, dice que la carta de fecha 10 de noviembre fue enviada el domingo 11, a Aung San Suu Kyi .
No está claro si la líder la recibió porque estaba en Singapur asistiendo a una cumbre regional del Sur de Asia y no ha comentado sobre el tema.
Naidoo le expresa la desilución de la organización por no haber usado "su autoridad política y moral para salvaguardar los derechos humanos, la justicia o la igualdad en Myanmar", citando su aparente indiferencia ante las atrocidades cometidas por los militares de Myanmar y la creciente intolerancia a la libertad de expresión.
"Como embajador de conciencia de Amnistía Internacional, nuestra expectativa era que usted continuaría usando su autoridad moral para hablar en contra de la injusticia donde quiera que la viera, especialmente en Myanmar", escribió Kumi Naidoo.
El comunicado califica a Aung San Suu Kyi como una "líder de facto" del gobierno liderado por civiles en Myanmar desde abril de 2016, y dice que su gobierno "ha participado activamente en la comisión o la perpetuación de múltiples violaciones de derechos humanos".
Recuerda que la organización ha criticado reiteradamente que la líder y su gobierno "no hayan hablado sobre las atrocidades militares contra la población rohingya en el estado de Rakhine, que han vivido durante años bajo un sistema de segregación y discriminación equivalente al apartheid".
Persecución a Rohingyas
Menciona que durante la campaña de violencia contra los rohingya el año pasado, "las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron a miles de personas, violaron a mujeres y niñas, detuvieron y torturaron a hombres y niños, e incendiaron cientos de hogares y aldeas", y que más de 720,000 rohingya huyeron a Bangladesh.
Dice que un informe de la ONU ha pedido que los oficiales militares de alto rango sean investigados y procesados por el crimen de genocidio, y apunta que la negación de Aung San Suu Kyi "de la gravedad y la escala de las atrocidades significa que hay pocas posibilidades de que la situación mejore para los cientos de miles de rohingya que viven en el limbo en Bangladesh o para los cientos de miles de rohingya que permanecen en el estado de Rakhine".
Según Amnistía Internacional, aunque "el gobierno civil no tiene control sobre los militares, Aung San Suu Kyi y su oficina han protegido a las fuerzas de seguridad de la responsabilidad al desestimar, restar importancia o negar las denuncias de violaciones de derechos humanos y al obstruir las investigaciones internacionales sobre los abusos".
Y acusa a su administración de haber "alentado activamente la hostilidad contra los rohingya, calificándolos de 'terroristas', acusándolos de quemar sus propios hogares y denunciando 'falsas violaciones'. Mientras tanto, los medios estatales han publicado artículos inflamatorios y deshumanizantes que aluden a los rohingya como 'pulgas humanas detestables' y 'espinas' que deben extraerse".
"El hecho de que Aung San Suu Kyi no se haya pronunciado por el pueblo Rohingya es una de las razones por las que ya no podemos justificar su condición de Embajadora de la Conciencia", dijo Kumi Naidoo.
“Su negación de la gravedad y la escala de las atrocidades significa que hay pocas posibilidades de que la situación mejore para los cientos de miles de rohingya que viven en el limbo en Bangladesh o para los cientos de miles de rohingya que permanecen en el estado de Rakhine. Sin el reconocimiento de los horribles crímenes contra la comunidad, es difícil ver cómo el gobierno puede tomar medidas para protegerlos de futuras atrocidades", agrega la comunicación.
Amnistía Internacional también destacó la situación en los estados de Kachin y el norte de Shan, donde dice que "Aung San Suu Kyi no ha usado su influencia ni su autoridad moral para condenar los abusos militares, para exigir la rendición de cuentas por crímenes de guerra o para denunciar a civiles de minorías étnicas que llevan la peor de los conflictos".
Y señala que: "Para empeorar las cosas, su administración dirigida por civiles ha impuesto severas restricciones al acceso humanitario, lo que exacerba el sufrimiento de más de 100,000 personas desplazadas por los combates".
El secretario general de AI apunta que pese al poder de los militares, "hay áreas donde el gobierno dirigido por civiles tiene una autoridad considerable para promulgar reformas para proteger mejor los derechos humanos, especialmente aquellos relacionados con la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica", pero indica que "en los dos años transcurridos desde que la administración de Aung San Suu Kyi asumió el poder, los defensores de los derechos humanos, los activistas pacíficos y los periodistas han sido arrestados y encarcelados, mientras que otros enfrentan amenazas, hostigamiento e intimidación por su parte".
Investigadores de las Naciones Unidas han descrito la campaña militar de Myanmar como limpieza étnica, y los grupos de derechos humanos han documentado atrocidades generalizadas que incluyen ejecuciones de niños, violaciones en masa, incendios provocados y saqueos.
Periodistas de Reuters
El diario Los Angeles Times, destaca que Suu Kyi también ha mostrado una aparente indiferencia ante el encarcelamiento de dos periodistas de Reuters, Wa Lone y Kyaw Soe Oo, quienes fueron arrestados mientras informaban sobre una masacre en una aldea de Rohingyas ycondenados por violar una ley de secreto de la era colonial. Los reporteros fueron sentenciados a siete años de prisión y han apelado el veredicto.
En un foro en Vietnam en septiembre, Suu Kyi dijo que los periodistas "tienen todo el derecho de apelar la sentencia y señalar por qué fue incorrecta, si la consideran incorrecta".
En el mismo evento, Suu Kyi se negó una vez más a criticar las acciones militares contra los Rohingya, diciendo que "la situación podría haberse manejado mejor" pero que el ejército actuó "por el bien de la estabilidad y la seguridad a largo plazo".
Premio Nobel y otros honores
El antiguo ícono de la democracia aún mantiene su Premio Nobel de la Paz, que el Instituto Noruego del Nobel dijo que no le revocaría, pero ha perdido otros honores.
La capital escocesa de Edimburgo y otras ciudades del Reino Unido e Irlanda han votado para rescindir sus premios de "libertad de la ciudad". Aung San Suu Kyi perdió su ciudadanía canadiense honoraria y su presidencia honoraria de la unión de estudiantes de la London School of Economics.