Las sanciones a la Policía Nacional de Nicaragua, impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, son un “golpe mortal” para el gobierno Sandinista, y deslegitima a esta institución a nivel regional, según analistas en Nicaragua.
EE.UU. señala a la institución del orden público de “ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua” y de haber dado órdenes para reprimir las protestas que iniciaron en 2018 en contra el gobierno de Daniel Ortega.
También lea EE.UU. impone sanciones a Policía de Nicaragua por violaciones de derechos humanosEl experto en temas de defensa y seguridad Nacional, Roberto Cajina, dijo en entrevista con la Voz de América que ahora la gran pregunta debe ser: ¿Cómo va a continuar trabajando la Policía Nacional?
“El golpe para la policía es un golpe, digamos, mortal para el régimen Ortega Murillo, en la medida que ese brazo represor, que es el que lo ha sostenido desde abril del 2018, prácticamente queda en un limbo, en una situación que no se puede decir que es el purgatorio, sino el infierno en términos religiosos. ¿Cómo va a hacer la policía para pagar a sus efectivos?”, preguntó Cajina.
Cajina considera que estas sanciones debilitan seriamente al gobierno y deberían de motivar al presidente Daniel Ortega a reflexionar “seriamente” sobre la crisis que vive el país y la posibilidad de encontrar una salida negociada lo antes posible.
Roberto Cajina es un experto en defensa y seguridad nacional de Nicaragua, asegura que la acción contra la policía debilita a Daniel Ortega.
“Deben pensar seriamente cuál es su futuro. El régimen tiene que pensar que no pueden detener las sanciones. Esto los debilita y en alguna medida fortalece a la oposición en Nicaragua”, añadió.
En tanto, Oscar Rene Vargas, analista político y cofundador del Frente Sandinista, advirtió que la Policía podría ser apenas la primera de varias instituciones del Estado sancionadas por EE.UU.
Vargas enumeró una larga lista de consecuencias de esta medida: “el cierre de las cuentas y toda transacción que se haga en el Sistema financiero nacional, segundo el cierre de acceso a los negocios con cualquier empresa y ciudadanos de Estados Unidos, tercero deslegitimación de la policía en la región. Esto es un antecedente muy importante y peligroso porque puede ser que vengan después sanciones al sistema judicial o al ejercito”, dijo a la VOA.
Sobre los comisionados sancionados
Para Vargas, las sanciones individuales, tocaron la médula de la represión. En el caso del comisionado mayor Juan Valle Valle, del departamento de vigilancia y patrullaje, las sanciones fueron impuestas por “ser o haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua y por ser un líder de la Policía Nacional de Nicaragua”.
Sobre el comisionado general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales, EE.UU. asegura que este “continúa desempeñando un papel central en la represión en todo el país”.
En el caso del comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, las sanciones se dan por ser el director de Auxilio Judicial, mejor conocido como "el Chipote", una prisión notable por sus prácticas abusivas y en la que organizaciones de derechos humanos han registrado graves abusos contra los derechos humanos desde abril de 2018.
Los analistas consultados consideran que las sanciones individuales muestran el nivel de conocimiento que tiene EE.UU. sobre la forma en que opera la Policía Nacional en Nicaragua para reprimir a la población.
Las sanciones que aplicó el jueves EE.UU. fueron bajo dos mecanismos: la Nica Act y la Orden Ejecutiva 13851, firmada por el presidente estadounidense Donald Trump el 27 de noviembre de 2018. Ambas implican restricciones de visa y sanciones económicas como el congelamiento de activos de la Policía.
Hasta la entrega de este reporte el gobierno de Nicaragua no se había pronunciado oficialmente sobre el tema. El gobierno sandinista ha calificado las sanciones como “injerencismo” (sic) y ha acusado en reiteradas ocasiones a EE.UU. de financiar un golpe de Estado en el país.
El presidente Daniel Ortega ha asegurado en sus discursos que su gobierno no permitirá que, en el país se repitan protestas sociales como las de abril del 2018. Mientras la primera dama, Rosario Murillo, ha dicho a medios locales que la Policía Nacional mantiene constante patrullaje en las calles del país para resguardar la seguridad de los nicaragüenses.
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