Annia Zamora lamenta que las autoridades carcelarias no le permitan ofrecerle ropa adecuada para los meses de frío a su hija Sissi Abascal, recluida en una prisión en Matanzas, a más de 100 km de La Habana, donde cumple una condena de 6 años por haberse manifestado el 11 de julio de 2021, durante las mayores protestas ocurridas en Cuba desde la llegada de Fidel Castro al poder en 1959.
Desde Vancouver, Canadá; Alberto Ortega Fonseca insiste en denunciar las irregularidades del juicio en el que su hermano Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel. ¿El motivo? salir a protestar en las calles de San José de Las Lajas, Mayabeque, durante el 11J.
En ambos casos, los entrevistados por la Voz de América niegan la responsabilidad de sus familiares en los delitos que les imputan las autoridades cubanas, entre ellos desacato, desórdenes públicos y atentado, en el caso de Abascal, mientras que Pérez Fonseca está acusado de sedición.
Las protestas tuvieron lugar en más de sesenta pueblos y ciudades del país, impulsadas por el agravamiento de la situación económica y la falta de insumos y medicinas, pero fueron secundadas por gritos de libertad, la exigencia de la renuncia del presidente Miguel Díaz-Canel. Las agencias de prensa acreditadas en La Habana mostraron vidrieras rotas y autos policiales apedreados por algunos manifestantes.
Abascal Zamora, de 25 años de edad, es considerada la más joven integrante del grupo opositor Damas de Blanco. Su madre Annia Zamora denunció además: “El 10 de octubre Sissi sufrió un intento de asesinato, una presa común encendió [prendió fuego] la celda en que ella convive y la guardia no quiso abrirle la reja y la vida de Sissi corrió peligro”.
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La Voz de América no pudo corroborar de manera independiente la anterior denuncia debido al hermetismo con que las autoridades cubanas tratan la mayoría de los asuntos carcelarios y a que el Ministerio del Interior está a cargo del sistema penitenciario en Cuba.
Detenciones y condenas en cifras
Organizaciones de derechos humanos como Justicia 11J cifran en 1.771 los detenidos después de las manifestaciones en toda la isla.
En el informe a propósito del aniversario de las protestas, la organización de derechos humanos dijo que pudo verificar al menos 658 de los casos denunciados por permanecer en prisión.
Tanto Justicia 11J como otras organizaciones, entre ellas Cubalex y Observatorio Cubano de Derechos Humanos, coinciden en que los procesos penales se dividieron en juicios ordinarios y sumarios.
Hasta el despacho citado por el aniversario de las protestas "se ha documentado la celebración de juicios sumarios a 47 personas y juicios ordinarios de primera instancia a 622 personas", señala Justicia 11J.
Un nuevo Código Penal
Poco después de las protestas el gobierno cubano propuso un nuevo Código Penal, el cual llevó a votación y aprobó el pasado 1 de diciembre, lo que en opinión de expertos vino a reforzar las condenas contra algunos de los delitos de los que se acusa a los manifestantes.
“El código penal es la perfección de una herramienta de control y evidentemente el estado, después del 11 de julio se apresuró a actualizar esta eficiente herramienta, la utilización del Derecho penal para reprimir cualquier forma de disenso. Es lo que estamos viendo ahora”, dijo a la VOA la abogada cubana desde su exilio en Tennessee Laritza Diversent, directora de la organización Cubalex.
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El futuro es sombrío para quienes pretendan ejercer nuevamente el derecho a la protesta, afirma Diversent, quien ha seguido los casos conjunto con Justicia 11J .
“El saldo va a ser altísimo porque los ciudadanos no van a poder diferir, esta norma está diseñada para inhibir a la ciudadanía de sus frustraciones, ya no solo en el contexto físico, el espacio real, sino también en el contexto digital”, apuntó Diversent.
Un caso puntual
Roberto Pérez Fonseca, de 37 años de edad, salió a protestar a las calles de San José de Las Lajas. Su familia niega que haya cometido los delitos que le imputan, sin embargo, lo que pudo haber pesado más en su caso fue que rompió una foto del fallecido exgobernante cubano Fidel Castro.
La detención el 16 de julio, asegura su hermano Alberto Ortega Fonseca, fue hecha por una veintena de policías. Al llegar al centro de detención fue castigado físicamente, algo que le pudo contar luego su madre, quien fue conminada a borrar el video donde documentaba el arresto.
“Después nos enteramos que mi hermano fue golpeado junto con otros muchachos que estaban arrestando ese día. Fueron golpeados en una hilera de policías a ambos lados, entre ellos mujeres. Al que más le dieron fue a mi hermano, porque fue uno de los que participó de romper el cuadro de Fidel Castro. Cuando lo estaban golpeando le decían: ‘el cuadro del Comandante te va a salir bastante caro’”, relata.
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En el momento de realizar esta entrevista, Pérez Fonseca se encuentra en una celda de castigo desde hace tres meses, en la prisión del municipio Quivicán, en la misma provincia de Mayabeque donde reside. “Él intentó salir al patio con una sábana con la frase pintada: Patria y vida”, informó su hermano quien desde las redes sociales se ha convertido en un activista por la causa de los presos en Cuba.
El tema musical Patria y Vida, a cargo del ex integrante de los raperos Orishas, Yotuel Romero, y el dúo Gente de Zona, se convirtió en himno de los manifestantes. Uno de sus intérpretes, Maykel Osorbo, guarda prisión bajo supuestos cargos de "atentado, desórdenes públicos y evasión". El tema mereció dos premios Grammy Latinos en 2021.
Antes del proceso, señala Fonseca, no pensaron en una larga condena.
“En el juicio mi madre salió contenta, en el sentido de que los abogados hicieron un grandísimo trabajo, pudieron desmontarle completamente toda la versión del único policía que acusaba", aseguró "Le encontraron varias mentiras: no sabía ni como estaba vestido mi hermano [el día de la protesta], no sabía que había un video que demostraba toda la versión de mi hermano (…) la declaración de testigos de mi hermano no la aceptaron, el video no lo aceptaron; aceptaron una sola foto y después dijeron que no tenía la calidad suficiente. Fue todo un circo, la condena estaba dada, estaba hecha antes del juicio y no había nada que hacer”.
EEUU y Cuba cruzan acusaciones
El gobierno cubano culpó desde un inicio a Estados Unidos de promover el descontento popular. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó las protestas como "una operación desestabilizadora concebida desde Washington".
Al día siguiente de las manifestaciones, el mandatario Díaz-Canel compareció ante la televisión nacional para explicar la postura del gobierno. “Nosotros no llamamos al pueblo a enfrentar al pueblo. Nosotros hicimos un llamado al pueblo a defender su Revolución y sus derechos, y el pueblo apoyó”.
La Casa Blanca ha apoyado a los manifestantes y condenado la respuesta de las autoridades cubanas, así como las largas penas a que han sido sometidos.
También lea EEUU rechaza las largas penas de cárcel a manifestantes cubanosRecientemente el presidente Joe Biden envió un mensaje a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos: “Frente a la opresión, estos manifestantes ejercieron con valentía sus libertades fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.
Casi un año después, el pasado mes de junio, Cuba informó de los procesos contra 381 personas, con penas que oscilan, mayormente, entre los 5 y los 25 años de cárcel.
"La Fiscalía General de la República continúa informando al pueblo sobre la respuesta legal a los hechos del 11 de julio de 2021, que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista", señala el texto, citado entonces por Reuters.
Aumento de las detenciones
Otra organización dedicada al monitoreo del enfrentamiento del estado a las acciones contestatarias es el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España. Desde Panamá, su director de Estrategia, Yaxis Cires, compartió con la VOA un adelanto de las cifras que han compilado a la fecha.
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“Vamos a terminar con alrededor de 5.300 acciones represivas en todo el año, de ellas hasta noviembre 1.278 han sido detenciones arbitrarias y 1.352 retenciones de activistas, opositores, familiares de presos políticos en sus hogares. Esta detenciones en sus hogares son ilegales, violando los derechos humanos”, explica.
Cires apunta a la nueva versión del Código Penal como respuesta “a una etapa altamente represiva del régimen cubano, que corresponde al despertar de la ciudadanía y del ejercicio de sus libertades. Es una vuelta más a la tuerca de la represión en Cuba”, concluye.
[La Voz de América envió solicitud de comentarios a la Presidencia de la República de Cuba y el Ministerio del Interior, pero no obtuvo respuesta].
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