El gobierno de Argentina aseguró que no existen restricciones a la libertad de expresión en Argentina, tras la acusación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) antes las denuncias que había recibido por parte de algunos medios opositores.
Un día antes, el secretario de Comunicación, Juan Manuel Abal Medina, recibió al presidente de la misión de la SIP, Gonzalo Marroquín quien le transmitió su “inquietud” por la situación de la libertad de expresión en Argentina.
Durante la 66 asamblea anual de la SIP, sus funcionarios instaron a Argentina a poner fin al "acoso" contra Papel Prensa y a garantizar la pluralidad y la equidad informativa.
En respuesta, Abal Medina entregó una carta que asegura que “esta administración no ha osado ni osará silenciar a nadie. Entiende que es preferible soportar la difamación constante antes que cometer el más insignificante acto de censura”.
"Los ciudadanos de nuestro país, entre ellos los periodistas, los trabajadores de prensa y los dueños de comunicación gozan de completa libertad para...opinar y expresar sus ideas", según informa Associated Press.
El Grupo Clarín y otros medios críticos han reiterado en numerosas ocasiones las medidas que coartan su libertad de expresión, como el reparto discrecional de la pauta publicitaria, el bloqueo a sus plantas de distribución y otras acciones emprendidas desde el gobierno.
La SIP solicitó entrevistarse con la presidenta Fernández, pero esta no aceptó y derivó el asunto en Abal Medina.
En los próximos días se espera que el organismo informe de sus conclusiones sobre la visita de la misión especial a Argentina.
La nota del gobierno acusa al Grupo Clarín de haber "constituido en el mayor obstáculo para lograr una plena vigencia de la libertad de expresión".
"Haciendo abuso de su posición dominante, discrimina a sus competidores, censura periodistas, inhabilita la actividad gremial de sus empleados, impugna judicialmente las decisiones asumidas por amplia mayoría en el Parlamento ‒en referencia a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que obliga a ese conglomerado a desprenderse de varios medios que son de su propiedad‒ e incluso se resiste a respetar los decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo", apuntó Abal Medina.
"Llamemos a las cosas por su nombre. Si existen limitaciones a la vigencia plena de la libertad de expresión hoy en Argentina no se debe a la acción de este gobierno, sino a la posición dominante de un conglomerado de medios que funciona en los hechos como un actor político y que ha decidido sostener su poder colocando sus intereses corporativos por encima de las leyes de la República", concluyó el secretario de comunicación pública.