La intensidad de las manifestaciones antigubernamentales tiene contra la pared a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, empeñada ahora en reformar el poder judicial del país.
El ambiente de los últimos días en la Casa Rosada de Buenos Aires ha sido de creciente preocupación por la magnitud de la indignación de muchos argentinos frente a las políticas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y por las persistentes manifestaciones populares en reclamo de justicia y contra la corrupción.
Miles de personas se lanzaron a las calles el jueves en la capital y otras ciudades del país en la tercera protesta multitudinaria que se lleva a cabo contra el gobierno en menos de un año y marcharon contra la reforma con la que la presidenta ha dicho que quiere “democratizar” la justicia. El grito a voz en cuello de los manifestantes fue: ¡Ladrones, ladrones!, y desfilaron bajo consignas como la de “Basta ya de impunidad”.
Las protestas convocadas a través de las redes sociales vienen siendo ya el panorama común tras el desgaste político de un gobierno que ha ido perdiendo estrepitosamente su popularidad, pero la del jueves fue la primera en la que participaron juntos todos los dirigentes de los principales partidos de la oposición, históricamente muy fragmentada, desde la Unión Cívica Radical hasta el peronismo no kirchnerista.
El impacto del nuevo cacerolazo parece haber sido mayúsculo en las filas del oficialismo y para la propia presidenta, que tal vez no esperaron que tuviera tal resonancia, y aun cuando la agencia oficial de noticias Télam difundió un comunicado de la policía federal según el cual los manifestantes en la capital y en el resto del país sumaron sólo 178 mil –la mitad de los calculados en la marcha del 8 de noviembre último—son pocos los que dan crédito a esa cifra tan reducida.
La gran preocupación del gobierno de Fernández de Kirchner, que hasta ahora se benefició de la división entre sus adversarios políticos, es que de cara a las elecciones legislativas de este año el panorama cambie. De hecho, entre los carteles portados por la multitud el jueves en Buenos Aires había uno que abogaba por una “Oposición unida”, y otro que anticipaba un año “2015 sin Cristina”.
En medio de los temores de que el oficialismo trate de imponer cambios a la Constitución para que Fernández de Kirchner pueda postularse a la reelección en el 2015 –algo que ha sido descartado por la presidenta—la mayor irritación del momento entre los argentinos es la reforma judicial concebida por la mandataria y ahora en manos del Senado y la Cámara de Diputados.
El proyecto de reforma judicial, que resta poder de decisión a los jueces y limita las medidas cautelares que se pueden adoptar contra el gobierno, como la que favoreció al mayor grupo de prensa argentino, Clarín, al que la presidenta Fernández le ha declarado una guerra abierta, ha sido criticado por la oposición como un paso del oficialismo para acumular poder.
El más reciente informe anual del Departamento de Estado en Washington sobre la situación de los derechos humanos en América Latina denuncia presiones de parte del gobierno argentino sobre medios de prensa y periodistas como violaciones de la libertad de expresión, y también alude a corrupción con impuinidad en instituciones del gobierno.
Según la presidenta Fernández de Kirchner nada detendrá su reforma para “democratizar” la administración de justicia en Argentina. Pero la última palabra sobre su futuro político y el del kirchnerismo la tendrán los votantes en las legislativas de octubre próximo cuando se renueven la mitad de los diputados y un tercio de los senadores, que serán un anticipo de las presienciales de 2015.
Cientos de miles de esos electores llevan meses protestando por la inseguridad económica en Argentina, la alta inflación, los controles monetarios que les impiden comprar dólares, y porque además, dicen, quieren ser una democracia en la que haya división de poderes, no una dictadura, ni parecerse a Cuba o a Venezuela.
Miles de personas se lanzaron a las calles el jueves en la capital y otras ciudades del país en la tercera protesta multitudinaria que se lleva a cabo contra el gobierno en menos de un año y marcharon contra la reforma con la que la presidenta ha dicho que quiere “democratizar” la justicia. El grito a voz en cuello de los manifestantes fue: ¡Ladrones, ladrones!, y desfilaron bajo consignas como la de “Basta ya de impunidad”.
Las protestas convocadas a través de las redes sociales vienen siendo ya el panorama común tras el desgaste político de un gobierno que ha ido perdiendo estrepitosamente su popularidad, pero la del jueves fue la primera en la que participaron juntos todos los dirigentes de los principales partidos de la oposición, históricamente muy fragmentada, desde la Unión Cívica Radical hasta el peronismo no kirchnerista.
El impacto del nuevo cacerolazo parece haber sido mayúsculo en las filas del oficialismo y para la propia presidenta, que tal vez no esperaron que tuviera tal resonancia, y aun cuando la agencia oficial de noticias Télam difundió un comunicado de la policía federal según el cual los manifestantes en la capital y en el resto del país sumaron sólo 178 mil –la mitad de los calculados en la marcha del 8 de noviembre último—son pocos los que dan crédito a esa cifra tan reducida.
La gran preocupación del gobierno de Fernández de Kirchner, que hasta ahora se benefició de la división entre sus adversarios políticos, es que de cara a las elecciones legislativas de este año el panorama cambie. De hecho, entre los carteles portados por la multitud el jueves en Buenos Aires había uno que abogaba por una “Oposición unida”, y otro que anticipaba un año “2015 sin Cristina”.
En medio de los temores de que el oficialismo trate de imponer cambios a la Constitución para que Fernández de Kirchner pueda postularse a la reelección en el 2015 –algo que ha sido descartado por la presidenta—la mayor irritación del momento entre los argentinos es la reforma judicial concebida por la mandataria y ahora en manos del Senado y la Cámara de Diputados.
El proyecto de reforma judicial, que resta poder de decisión a los jueces y limita las medidas cautelares que se pueden adoptar contra el gobierno, como la que favoreció al mayor grupo de prensa argentino, Clarín, al que la presidenta Fernández le ha declarado una guerra abierta, ha sido criticado por la oposición como un paso del oficialismo para acumular poder.
El más reciente informe anual del Departamento de Estado en Washington sobre la situación de los derechos humanos en América Latina denuncia presiones de parte del gobierno argentino sobre medios de prensa y periodistas como violaciones de la libertad de expresión, y también alude a corrupción con impuinidad en instituciones del gobierno.
Según la presidenta Fernández de Kirchner nada detendrá su reforma para “democratizar” la administración de justicia en Argentina. Pero la última palabra sobre su futuro político y el del kirchnerismo la tendrán los votantes en las legislativas de octubre próximo cuando se renueven la mitad de los diputados y un tercio de los senadores, que serán un anticipo de las presienciales de 2015.
Cientos de miles de esos electores llevan meses protestando por la inseguridad económica en Argentina, la alta inflación, los controles monetarios que les impiden comprar dólares, y porque además, dicen, quieren ser una democracia en la que haya división de poderes, no una dictadura, ni parecerse a Cuba o a Venezuela.